La asociación 'SALKHATECA Nafarroa' asegura en su página web que "aboga por la abolición de la cultura del castigo" y, en sus redes sociales, dicen que "no pueden consentir que se declare agentes de la autoridad a los carceleros", informan desde CSIF.

"Recordamos que CSIF lleva años reivindicando la condición de agentes de la autoridad para estos empleados públicos".

A los responsables de esta organización -prosiguen desde el sindicato- "habría que aclararles que, desgraciadamente, cuando se produce un incidente o una agresión en nuestras cárceles, en la mayoría de los casos, son los funcionarios de prisiones los agradecidos, algunos con serias consecuencias para su salud. Sin tener en cuenta, los insultos y amenazas que sufren a diario estos profesionales".

En cualquier caso, la citada organización "debería saber que los tribunales de justicia están para denunciar cualquier delito del que se tenga conocimiento. El resto son falsas acusaciones y difamaciones en busca de un provecho espurio".

En este sentido, la asociación referida, que acaba de recibir 90.000 euros para desarrollar "una cuestionable labor" (a juicio de CSIF) pone en tela de juicio nuestra Constitución, y la que asegura trabajar por la "reinserción de los presos", también habría que recordarle que esta labor "ya la desempeña con mucha eficacia y gran presupuesto el Estado español y sus funcionarios de prisiones".

"Bastaría con examinar los Presupuestos y la Oficina de Atención a los presos para comprobar lo que decimos", afirman desde CSIF.

Por otra parte, este sindicato insiste en un tuit de la citada asociación en el que se oponen a la consideración de agentes de la autoridad para estos funcionarios.

CSIF viene reclamando desde hace años que se considere a los funcionarios de prisiones "agentes de la autoridad" como una medida para salvaguardar su integridad física "y la indefensión que ahora sufren frente a las numerosas agresiones que se han incrementado en los últimos tiempos, muchas veces promovidas por los mensajes anti sistema de algunas organizaciones sin escrúpulos y con muy poca sensatez".

Este sindicato se pregunta "quién es la víctima cuando se producen agresiones y tumultos en las prisiones de nuestro país".

"La respuesta está en las hemerotecas y las crónicas diarias. Por ello, CSIF no va a consentir que se injurie a unos profesionales que cumplen muy bien con su obligación a pesar de la falta de recursos humanos y medios materiales, como para que ahora venga una asociación subvencionada con 90.000 euros a poner en duda dicha profesionalidad y honradez de unos funcionarios públicos mal pagados y poco reconocidos", afirman.

Para CSIF "el dinero público debería servir para dotar de más recursos tanto humanos como materiales a nuestras instituciones penitenciarias, cuyos trabajadores llevan años sufriendo recortes salariales y un enorme déficit de personal", finalizan.