Durante el encuentro, el Organismo Estatal ha mostrado su disposición a colaborar con el Gobierno de Aragón de cara a la campaña agraria y ha alabado la labor de la Inspección en la Comunidad, poniendo en valor las buenas prácticas que han sido replicadas en otros territorios.

Entre las competencias de la Comunidad Autónoma se incluye la función pública de inspección en materia de trabajo y relaciones laborales, incluyendo las políticas activas de ocupación, la intermediación laboral, así como la prevención de riesgos laborales y la seguridad y salud en el trabajo. El resto de competencias de la Inspección de Trabajo corresponden al ámbito estatal, sin perjuicio de la unidad en el funcionamiento y la coordinación en la actuación.

El convenio firmado este martes permite instrumentar los mecanismos de colaboración, estableciendo las funciones, formas de participación y otros asuntos de interés para ambas partes en materia de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, basado todo ello en la cooperación administrativa.

Además de consolidar los instrumentos de colaboración ya existentes, este acuerdo permitirá desarrollar nuevas formas de participación institucional que contribuyan a la mejora de la prestación de este servicio público.

PROGRAMACIÓN ANUAL

La planificación de las actuaciones anuales que desarrolla la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se aprueba en el marco de la Comisión operativa autonómica.

La última se celebró a finales del mes de noviembre y en ella se aprobaron las acciones a ejecutar en este 2021, cuando se prevé realizar en Aragón un máximo de 21.462 expedientes de inspección -un 3% más que en 2020- en materia de prevención de riesgos, relaciones laborales, Seguridad Social y lucha contra el fraude.

Las inspecciones se orientan a los objetivos fijados por la Comunidad Autónoma en materia de seguridad y salud en el trabajo, empleo y relaciones laborales según las necesidades y deficiencias del mercado de trabajo, recuperando los programas que se vieron afectados en su ejecución por la pandemia en 2020.

Igualmente se incorporan las previsiones de la actividad que se desarrollará en la lucha contra el fraude a la Seguridad Social y el trabajo no declarado o economía irregular -competencia del Gobierno central-, intentando detectar el mayor número posible de trabajadores a los que no se reconoce su alta en la Seguridad Social o se hace parcialmente, así como el pago de las cotizaciones no ingresadas y el control de la correcta aplicación de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) vinculados a la COVID-19.

Precisamente la correcta aplicación de los ERTE, con casi un millar de actuaciones de control del cumplimiento de los expedientes, y la vigilancia y control de las obligaciones de salud pública derivadas de la COVID-19 en las empresas protagonizaron en 2020 la actividad de la Inspección, coordinando las actuaciones con la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Aragón a través de la Dirección General de Trabajo.

Hasta el 31 de diciembre se finalizaron 436 inspecciones correspondientes a incidencias y líneas de trabajo relacionadas tanto con riesgos profesionales como referidas a obligaciones de salud pública en los centros de trabajo.

En la reunión de este martes, celebrada por videoconferencia, han participado también la directora general de Trabajo, Autónomos y Economía Social del Gobierno de Aragón, Soledad de la Puente; el director territorial de Inspección de Trabajo en Aragón, Román García; y el subdirector general de Relaciones Institucionales y Asistencia Técnica, Juan Ignacio Gómez.