En esta línea, el Pleno también ha aprobado una moción del PSOE, con el apoyo de Adelante, en la que se reclama a la Junta de Andalucía que "cumpla el compromiso de regulación del marco normativo de salones de juego y casas de apuestas, ordene la publicidad y endurezca sanciones por entrada de menores prometidos hace un año".

En su intervención, el concejal delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, el socialista Antonio Muñoz, defiende una medida de protección al menor frente a la proliferación de las casa de apuestas, ante "un diagnóstico compartido de que la adicción al juego es un riesgo, que se recrudece en colectivos más vulnerables, como son los jóvenes". Subraya que la medida se sustenta sobre criterios de proporcionalidad, justificación de la necesidad y competencias municipales, defendiendo su "seguridad jurídica sin invadir competencias de otras administraciones y pensando en la defensa de los niños y adolescentes".

"Este es un asunto de interés general. El riesgo de adicción al juego se recrudece en los colectivos más vulnerables y entre estos están nuestros jóvenes. La modificación se argumenta sobre informes de Salud y, en cuanto a las competencias municipales, cuenta con el aval de la Secretaria General del Ayuntamiento, al tiempo que cumple con una moción aprobada en su día por unanimidad en el Pleno municipal", según ha argumentado Muñoz. Además, recuerda que se están tomando medidas "idénticas" en otras ciudades y muncicipios, como Málaga, Córdoba, Tomares o Mairena de Alcor, con gobiernos del PP; Cádiz, con Adelante Cádiz, o Alcalá de Guadaíra, Lebrija o Chipiona, con alcaldes socialistas.

Sevilla contaba con una moratoria que ha impedido durante 15 meses la concesión de nuevas licencias, ampliaciones o reformas para negocios de este tipo, una moratoria que terminaba ahora. "Si no se hubiera aprobado la modificación este jueves, cualquier nueva licencia que se hubiera presentado ante la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente para un establecimiento a 50 o 100 metros de un colegio y que tuviera la documentación en regla, se hubiera tenido que conceder", advierte, indicando que se ha trabajado para evitar un "conflicto de competencias" con la Junta de Andalucía y que 150 metros es la misma cifra incluida en el borrador de decreto que modificará el reglamento autonómico.

Los informes jurídicos, según añade, consideran esta distancia proporcionada porque si se eleva a 500 metros supondría en la práctica impedir su implantación. La modificación continúa con la tramitación iniciada en diciembre de 2019 por el Consejo de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, un tiempo en el que el equipo de gobierno ha estudiado distintas posibilidades de ordenación, mientras que en enero la Consejería de Hacienda empezó a dirigirse a todos los ayuntamientos, entre ellos Sevilla, para advertirles de que, en su opinión, "no se debían realizar modificaciones del PGOU para regular las casas de apuestas dado que se iba a producir una regulación autonómica que, sin embargo, aún no se ha aprobado".

"DUDAS LEGALES"

La propuesta del gobierno socialista ha contado con el único apoyo de Adelante Sevilla, cuyo portavoz adjunto, Daniel González, considera, además, que la medida "se queda corta" al tratarse "de la misma distancia con la que está trabajando la Junta de Andalucía". Subraya que este punto se trae al pleno "con la lengua fuera" ya que el plazo de la moratoria terminaba el miércoles y entiende que no existen dudas legales teniendo en cuenta los planteamientos del secretario general. "Él es claro porque no se está ordenando el juego, sino el suelo y lo limita muy parcialmente", recalca Rojas.

Por el contrario, los otros tres grupos han planteado "dudas legales" al respecto. Así, la concejal del PP Ana Jaúregui destaca la necesidad de regulación de las casas de apuestas ante la influencia sobre la salud de los jóvenes y apuesta por que esa distancia se regule en función de la que marque el borrador del decreto de la Junta, que "está en el órgano consultivo y está a punto de cristalizar". "Apostamos por esta regulación, pero desde el rigor jurídico", manifiesta, tras reconocer la competencia urbanística municipal, aunque insistiendo en la competencia de la Junta en la materia. "Queremos construir en esta materia, pero puede haber incompatiblidad jurídica", insiste.

Igualmente, el portavoz de Cs, Álvaro Pimentel, ha planteado su "duda legal" con este cambio de PGOU, así como indica que ocurrió también cuando se aprobó la moratoria. Señala que está de acuerdo con la lucha contra las adicciones, pero advierte de que la competencia para regularlo es de la Junta de Andalucía, que "no se ha quedado de brazos cruzados". "Hemos consultado con nuestros asesores y con la Administración regional, pero la duda existe", concluye Pimentel, mientras que el concejal de Vox Gonzalo García de Polavieja se ha mostrado de acuerdo en proteger a los menores y dice que el asunto tiene "connotaciones y aristas legales muy complejas".