La protesta está prevista a las 12.00 horas en la plaça del Mercat. Con ella pretenden reclamar la paralización inmediata de los "falsos procesos de estabilización", la suspensión de todo cese o despido "hasta la regularización de las personas en abuso", y la "estabilización efectiva, mediante regularización administrativa conforme a derecho estatal y comunitario, de todo el personal público en abuso de la temporalidad".

También exigen abrir una tabla de diálogo entre el Gobierno y los representantes de los colectivos sindicales y civiles para "instrumentar un nuevo acuerdo que sirva de verdad para la mejora de la ocupación pública".

Igualmente, piden una "tasa de reposición real del 100%, como única vía para crear ocupación pública estable y de calidad", y "acabar con la actual infradotación de muchas plantillas, que incide en la calidad del servicio público".

Otras reivindicaciones pasan por devolver a manos públicas servicios privatizados, la igualdad de condiciones de trabajo y de trato entre personal temporal y fijo, y la puesta en marcha de un plan nacional de inspecciones en las Administraciones Públicas.

Somos trabajadoras y trabajadores de entre 45 y 60 años, cerca de un 70% mujeres, con dependientes, mayores y menores, a cargo, y con una carrera profesional dedicada a los Servicios Públicos.

"Nuestro trabajo es el pan de nuestras familias y no permitiremos que nos condenen a vivir de ayudas y subsidios el resto de nuestros días. La desidia de las Administraciones nos ha abocado al despido libre y gratuito, y condenado a la exclusión social. No lo permitiremos", han protestado desde la Coordinadora.

SENTENCIA EUROPEA

La convocatoria se ha hecho coincidir con el aniversario de la sentencia en la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunció sobre el abuso de la temporalidad en las Administraciones Públicas de España.

"El TJUE remarcó que no se puede consentir la desproporcionada tasa de temporalidad de nuestro país, manteniendo durante décadas en situación inestable a miles de empleadas y empleados públicos. Por eso, continúa esta sentencia, las Administraciones tienen que ser sancionadas, igual que se sanciona al empleador del sector privado que abusa de la temporalidad", ha explicado la Coordinadora de Interinos.

Según la entidad, la sentencia no especifica qué tipo de sanción se tiene que aplicar, "pero sí que deja claro que tiene que ser bastante contundente y disuasiva como para que no haya tentaciones de repetir este abuso, y también señala que las oposiciones no son sanción adecuada, puesto que son de resultado incierto, hacen recaer la sanción sobre la víctima del abuso, y no sobre la Administración".

A pesar de esta sentencia, la Coordinadora de Interinos denuncia que siguen "en la casilla de salida", criticando que "no está siendo tenida en cuenta en la gran mayoría de tribunales donde se juzgan las miles de demandas de fijeza interpuestas en todo el Estado".