Habrá elecciones en Madrid el próximo 4 de mayo. La Mesa de la Asamblea de la Cámara regional ha decidido no recurrir la decisión de la Justicia, que dio la razón ayer a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y rechazó la suspensión de los comicios al entender que la potestad de la presidenta de disolver las cámaras entra en vigor en el momento en el que firma el decreto. "Siempre hemos actuado conforme a derecho y las decisiones que hemos adoptado han sido las adecuadas", ha dicho la presidenta.

Según confirman fuentes parlamentarias a 20Minutos, así lo han acordado los miembros de la Mesa "por unanimidad" tras reunirse esta mañana para abordar la situación después del varapalo judicial que supuso el rechazo de la Justicia a la petición de adopción de medidas cautelares de la Asamblea.

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El TSJM decidió dar la razón a la presidenta de la Comunidad. Tal y como planteó el PP, las magistradas que tomaron la decisión consideraron que la facultad de disolver la Asamblea de Madrid y convocar elecciones anticipadas, que corresponde en exclusiva a Ayuso, "queda válidamente ejercitada desde el momento en que firma el decreto de disolución y convocatoria de elecciones". Eso implica que las mociones de censura presentadas por PSOE y Más Madrid unas horas después de que la presidenta lo comunicase no serían válidas, ya que se habrían presentado con la cámara ya disuelta.

Acaba así un laberinto judicial que el miércoles pasado, cuando Ayuso pulsó el botón nuclear, parecía que iba a extenderse durante semanas. La presidenta firmó el decreto de disolución de la Asamblea, sin previo aviso, alrededor de las 12 y media. Tras rumorearse por los pasillos de Sol, lo confirmó Ignacio Aguado, hasta entonces vicepresidente, a quien no permitieron salir en rueda de prensa. El líder de Más País, Íñigo Errejón, confirmó que su grupo iba a intentar evitar los comicios a través de una moción de censura liderada por Mónica García. "Hay alternativa", dijo. Minutos después, comunicó el PSOE que seguía su estela. Y ahí comenzó el lío judicial. La izquierda defendía que el decreto de Ayuso no había entrado en vigor al no haberse publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. El PP adujo que diferentes leyes daban la potestad única a Ayuso y que obligaban a publicar el decreto al día siguiente de su firma, pero que entraba en vigor en el momento de la firma, como así lo ha dictaminado la Justicia.