En sendos escritos registrados y dirigidos a la Viceconsejera de Justicia y Consejero de Salud del Principado de Asturias, CSIF expone que, si al inicio de la pandemia el Ministerio de Justicia justificó que los Juzgados permanecieran abiertos, a pesar de la falta absoluta de medios de protección para los trabajadores, aludiendo al carácter esencial del servicio público que prestan, ahora no deben ser excluidos de los grupos prioritarios de vacunación.

La organización considera que las circunstancias especiales en las que se desarrolla el trabajo de los funcionarios de Justicia, el servicio esencial que prestan y la obligación de tienen en muchas ocasiones de estar próximos a personas que pudieran ser portadoras de la infección, provocan la necesidad de que sean vacunados en el mismo grupo que el personal que el personal docente y no docente de las escuelas infantiles y de los centros educativos o de las fuerzas y cuerpos de seguridad , emergencias y fuerzas armadas.

CSIF también señala lo inadecuado de "muchas oficinas y salas de vistas, sin ventilación y con espacio muy reducido, la falta de teléfonos en cada puesto de trabajo y la deficiente calidad de las mascarillas facilitadas por el Principado de Asturias". En este sentido, CSIF recuerda que el personal de la Administración de Justicia fue el primer colectivo de la administración que inició la desescalada, con un desconfinamiento gradual y progresivo de su personal, precisamente porque se consideró un servicio esencial.