La polémica por la presunta trama de corrupción urbanística de La Muela sigue coleando, después de que un alto cargo de la DGA, un funcionario y una policía local declaran ayer ante el juez que lleva el caso.

El PAR expulsó ayer del partido a la alcaldesa de la loclidad, María Victoria Pinilla, y a su marido (ella está en prisión y él en libertad con cargos) y, mientras, los ecologistas exigieron a la DGA que intervenga en el Ayuntamiento del municipio y establezca una gestora al estilo de la que se hizo en Marbella.

El secretario general del Partido Aragonés, Alfredo Boné, firmó ayer las bajas de militancia de María Victoria Pinilla y de su esposo, Juan Antonio Embarba, después de que la primera edil (encarcelada desde el pasado 23 de marzo) asegurase que no estaban afiliados a esta formación política. Los responsables del PAR confirman que se dieron de alta en agosto de 1991.

Sin embargo, Pinilla continúa resistiéndose a ceder en su cargo y a última hora de ayer aún mantenía su acta de concejal, que es independiente de su militancia a un partido u otro.

La convulsión política podría aumentar aún más si el Ejecutivo autonómico decidiera intervenir en el Ayuntamiento. Es lo que piden las cinco mayores asociaciones ecologistas de Aragón, que ayer exigieron a la DGA la formación de una gestora que se hiciera cargo de la política municipal.

Declaran ante el juez

Ayer continuaron las declaraciones ante el juez. A primera hora compareció el subdirector provincial de Urbanismo de la DGA, Carlos Martín Rafecas, que aseguró sentirse "sorprendido y preocupado". Le siguió el secretario del Consistorio de Cuarte de Huerva y asesor legal del de La Muela, Fernando Dela-Casa, y por último la auxiliar de policía local Neila U. U.

CHA exigió a Iglesias que explique la posición del Ejecutivo ante la presunta trama de corrupción urbanística destapada en La Muela.

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