La primera de ellas, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ejecutivo, contempla que el objetivo de la norma "no puede ser" la incorporación de las poblaciones españolas de lobo en el Listado "de manera que la herramienta se mantenga actualizada según la mejor información científica posible, toda vez que el propio Dictamen del Comité Científico sobre el que el Ministerio pretende soportar dicha inclusión ya expone claramente que la información aportada en la solicitud no cumple la consideración de mejor información disponible y recomienda su inclusión basándose en criterios subjetivos y poco formalizados que podrían dar lugar a inconsistencias en el Listado".

En segundo lugar, la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial asturiana considera que la "necesidad y oportunidad" de este proyecto "no puede ser" la de garantizar que las especies amenazadas reciban la atención necesaria, teniendo en cuenta que el propio Dictamen "no considera la especie como amenazada", al no recomendar su inclusión en la categoría de Vulnerable en el Catálogo español de especies amenazadas, ya que "no se cumple" con los criterios orientadores.

Por el contrario, recuerda el Ejecutivo regional, el Principado de Asturias cuenta desde el año 2002 con un Plan de Gestión del Lobo "que sí tiene como objetivo la conservación de la especie en el ámbito regional, manteniendo un nivel poblacional adecuado en el marco de la preservación de la población noroccidental ibérica de lobos en un estado de conservación favorable, compatible con el desarrollo de las explotaciones agrarias".

En tercer lugar, el Principado cree que "no puede admitirse" que el problema que pretende solucionar dicha norma sea el de mantener actualizado el Listado, cuando "el verdadero problema a solucionar es el de la preservación de la población de esta especie y garantizar su coexistencia con el resto de valores del territorio, especialmente el sector primario".

Entiende el Gobierno asturiano que el objetivo debe ser "ayudar a resolver los conflictos sociales ocasionados por los grandes carnívoros", mediante el diálogo entre los actores clave de este "complejo equilibrio": agricultores, conservacionistas, ganaderos, cazadores y propietarios de tierras entre otros, tal como viene reflejada en la Estrategia por la Biodiversidad de la Comisión Europea y en el Pacto Verde Europeo.

Por todo ello, Asturias "considera innecesaria e inoportuna la aprobación del proyecto de Orden Ministerial para la inclusión de todas las poblaciones de lobo en el Listado" y manifiesta su "absoluto rechazo".