"La decisión adoptada en el acuerdo puede ser contraria al ordenamiento jurídico, pero en modo alguno tiene relevancia penal, pudiendo tenerla en el ámbito contencioso administrativo, donde ya se está solventando su legalidad y validez, y que es el campo propio donde se ejerce el control del sometimiento de la actuación administrativa a la Ley y al Derecho", señala el auto al que ha tenido acceso Europa Press.
((HABRÁ AMPLIACIÓN))
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