La pandemia de coronavirus sigue golpeando a la economía gallega y la conselleira asegura que mantiene su "compromiso" con los negocios a los que las restricciones impiden el desarrollo parcial o total de su actividad: "Van a contiuar existiendo medidas de apoyo económico siempre que haya medidas sanitarias", garantiza.

En cuanto a los tiempos, espera que la inyección de las ayudas de este segundo paquete (dotado en total con 75 millones de euros) se pueda "equiparar" con los del primero, que contó con otros 86 millones que todavía se están acabando de ingresar.

Al respecto, la titular de Emprego reivindica que los pagos se han hecho "muy rápido", con una media que fija entre dos y tres semanas desde la solicitud de la subvención.

La razón por la que parte del segundo plan se ha dejado para este lunes (15 de los 75 millones; el viernes fueron activados 60) es "para no saturar, porque va a ser una avalancha de solicitudes", advierte.

En cualquier caso, defiende el diseño de las órdenes y la operatividad del procedimiento, al tiempo que lamenta que otras administraciones no participen aportando recursos.

El Gobierno central, por un lado, "no está estando a la altura", critica. Así, ve "dudoso" que sirva que parte de los fondos europeos se puedan destinar a este fin, pero para condonar préstamos ya concedidos, puesto que lo que urge es "liquidez".

Por su parte, llama a las administraciones locales a que aporten recursos, si bien "es cierto que muchos ayuntamientos y alguna diputación han sacado ayudas". La Xunta ofrece colaboración para gestionarlas: "Podemos en 'x' semanas volver a sacar un complemento de este plan con el dinero que quieran aportar", dice.

Así las cosas, pese a estar "al límite" de su "capacidad financiera", la responsable de empleo asume que el Ejecutivo "se tendrá que reorganizar", de ser preciso, ya que estas actuaciones "se priorizarán sobre otras si es necesario".

Eso sí, avisa de que la auditoría para hacer las correspondientes comprobaciones empezará ahora, toda vez que los términos fueron invertidos y al solicitante le bastó con una declaración responsable sobre el cumplimiento los requisitos. En caso de no observarse, "tendrá que haber un reintegro de las ayudas" y "lo suyo sería que los resultados estuvieran en el primer semestre", apunta.

CONCILIACIÓN

En plena pandemia, la conselleira, que también tiene las competencias en Igualdade, anuncia ayudas para este primer semestre para favorecer la conciliación entre la vida laboral y la familiar.

Serán en total 3,5 millones de euros en distintas líneas, a través de la Secretaría Xeral de Igualdade (que aportará unos 2,7 millones para la convocatoria de reducción de jornada y programas de conciliación para las entidades locales) y la Dirección Xeral de Relacións Laborais (con 600.000 euros para conciliación y otros 300.000 para fomento del teletrabajo).

Estas últimas, las vinculadas con las relaciones laborales, financiarán, según explica Lorenzana, acuerdos de teletrabajo entre empresa y trabajador, medidas de flexibilidad horaria a nivel colectivo y también la compra de equipos informáticos por parte de las empresas.

ERTE

Los expedientes de regulación de empleo temporal (ERTE) para mantener los puestos de trabajo frente a la covid "se están tramitando todos en menos de cinco días" en Galicia, según señala María Jesús Lorenzana, antes de trasladar quejas de los agentes sociales por retrasos en los pagos, que acomete la administración general del estado.

La "inmensa mayoría" se autorizan por parte de la comunidad autónoma, y los que se deniegan suele ser por un problema de "tipología", según indica.

La detección de infracciones, por ejemplo en relación con la cláusula que impide despedir durante seis meses, depende también del Gobierno central y, si bien aclara que "funciona bien", la conselleira considera que "la transferencia total sobre los inspectores en materia de trabajo sí podría funcionar bien", ya que tendría "ventajas".

Desde 2008 son 108 los inspectores que desempeñan sus funciones en Galicia. "No puedo decir si es necesario o no aumentar la plantilla", responde, al no estar bajo el control directo de la consellería. Por su parte, Lorenzana es partidaria "no tanto" de que haya "más funcionarios sino de que los que estén sean eficaces porque los datos que tienen son los adecuados".

REFORMA INTEGRAL

En este sentido trabaja su departamento para acometer una reforma "integral" del servicio público de empleo, cuya entrada en funcionamiento sitúa para 2022.

Como adelantó en el Parlamento, este cambio permitirá el acceso digital al servicio, a través de la web y los móviles, tanto para los demandantes de empleo como para los empleadores. Pero, además de esta modernización, la reforma busca que el sistema disponga de un cruce de información sobre perfiles a través de la inteligencia artificial, con el objetivo de "anticiparse" a las necesidades del mercado laboral.

Esta renovación "está presupuestada ya", por más de 5,5 millones de euros, según informa la dirigente autonómica. Contando con un estudio preliminar de debilidades, la consellería avanza en los pliegos con la idea de que este año quede licitada la contratación. "No puedo asegurar si comenzará a ejecutarse en el último trimestre del año o en el primer trimestre del año siguiente", resalta.

RETROCESO EN IGUALDAD

En la entrevista concedida a Europa Press, la conselleira ve "precipitado" sacar conclusiones sobre si el coronavirus y sus implicaciones para el día a día han "empeorado" la situación para las mujeres, en ámbitos como la igualdad laboral y en relación con la lacra de la violencia de género.

Por su parte, defiende el "refuerzo" de "todos los dispositivos" para atender a las víctimas del machismo. Mientras, apunta a "mejores datos" que la media española y europea en lo tocante a brecha salarial.

Las cuotas "han ayudado y ayudan mucho" a la presencia y participación de mujeres en puestos directivos, pero Lorenzana aboga por ser ahora "más ambiciosas". "Las empresas se tienen que dar cuenta que no es que tengan que tener mujeres porque se lo dice una norma, que es que son más productivas si tienen todo tipo de perfiles", subraya.

Por último, sobre el diálogo social, la central mayoritaria en la comunidad, la CIG, "lo tiene abierto cuando quiera", y así se lo trasladó nada más ser nombrada conselleira.

SMI Y MINISTERIO DE TRABAJO

María Jesús Lorenzana opina que el salario mínimo interprofesional "se tiene que subir desde luego con diálogo social absoluto", lo que "implica tanto a empresarios como a representantes de los trabajadores".

Además, incide en que "el Gobierno tiene que estar a las condiciones que exige el estatuto de los trabajadores" para promover subida o bajada, entre otras "la coyuntura económica general".

En este escenario, valora una "gestión buena" de la ministra de Trabajo -al gallega Yolanda Díaz- con los ERTE, pero se muestra crítica con que la formación para el empleo haya pasado a Educación.