Tras conocer la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña que determina que el Estado deberá abonar a la familia del dictador Francisco Franco los gastos desde 1975, la ARMH argumenta que "las dos escrituras llevadas a cabo para falsificar la propiedad del pazo de Meirás deben ser la herramienta de partida para exigir el pago por el uso ilegal y la ocupación durante 45 años en democracia y desde su compra fraudulenta el 3 de agosto de 1938".

"Todas esas medidas deben servir para hacer justicia y terminar con la impunidad y el blanqueo de una fortuna que es fruto del saqueo", sostiene en un comunicado.

Por ello, instan al Estado a iniciar otra vía judicial que reclame consecuencias "al saqueo de bienes de Patrimonio del Estado que ha sido llevado a cabo con total impunidad". "Lo que en cualquier otro caso habría terminado con una redada policial ante una banda organizada para llevar a cabo el expolio y el saqueo de bienes que son propiedad del Estado, no puede recibir un tratamiento preferente por parte de las instituciones democráticas", denuncia Emilio Silva, presidente de la ARMH.

Al respecto, afirma que esperan que se termine "con el consentimiento del saqueo que se le ha permitido a la familia del dictador y que se investiguen, a través archivos y del numeroso material gráfico que existe en agencias de prensa y publicaciones, todas las piezas de Patrimonio Nacional que han sido saqueadas por la familia".

"Así como que se recuperen los miles de documentos que son de propiedad pública y en la actualidad se encuentran en el archivo de la fundación dedicada al enaltecimiento del dictador".

"Si el Estado indemnizase a la familia del dictador por sus supuestas inversiones en el pazo, se estará agrediendo a las víctimas del franquismo, a las que sufrieron la violencia de la dictadura y a las miles de familias que sufrieron el saqueo de su patrimonio a punta de pistola", señala el presidente de la ARMH, entre otros argumentos.