El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha informado de que mantiene provisionalmente la convocatoria electoral para el 14-F. El tribunal "recorta plazos de los trámites por razón de urgencia y resolverá el fondo de la demanda antes del 8 febrero", aunque la campaña electoral empieza el 29 de enero.

Se confirma así la suspensión del decreto del Govern que aplazaba las elecciones catalanas al próximo 30 de mayo.

En un auto, la sala contenciosa del TSJC, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, ha decidido mantener las medidas cautelarísimas que dictó el pasado martes, por las que suspendía el aplazamiento electoral, a la espera de resolver en sentencia sobre los recursos presentados contra el decreto del Govern.

El TSJC ha tomado esta decisión tras recibir la mañana de este jueves las alegaciones de la Fiscalía y de la Generalitat.

El tribunal ha dado a conocer el resultado de su deliberación pero hará pública la resolución con la argumentación previsiblemente este viernes. 

La sala también ha decidido recortar los plazos de tramitación de la demanda y ha dado a las partes cuatro días en lugar de ocho para posicionarse, de forma que pueda haber sentencia antes del 8 de febrero. Si los magistrados apuran este plazo que se han marcado ya habrá pasado más de media campaña electoral. 

Los recursos que se puedan interponer ahora no pueden levantar las medidas cautelares tomadas.

La Generalitat ha apurado el plazo establecido por el TSJC y, esta misma mañana, ha presentado sus alegaciones en defensa del decreto de aplazamiento de las elecciones del 14F y tres informes que justifican posponer los comicios hasta el 30 de mayo.

Uno de los informes está firmado por el director de la Agencia de Salud Pública de Cataluña, Xavier Llebaria, y alerta de que el "pico de presión" en las UCI se alcanzará "pocos días antes" del 14-F.

Otro de los informes fue elaborado por el gabinete jurídico de la Generalitat, que alega que el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, dispone de la "competencia para dejar sin efecto las elecciones" convocadas automáticamente para el 14 de febrero.

El tercero es obra de la dirección general de Participación Ciudadana y Procesos Electorales, que cuestiona la "legitimidad" del resultado que pueda derivarse de las elecciones si se celebran el próximo 14 de febrero en un contexto de "grave impacto" de la pandemia sobre las "garantías democráticas".

Por su parte, la Fiscalía presentó ayer su informe al respecto, en el que, sin pronunciarse sobre el fondo del asunto, defendía mantener en suspenso el aplazamiento electoral, porque, de lo contrario, sería "inviable" celebrar las elecciones el 14 de febrero, con lo que los recursos "perderían su finalidad".

Es el mismo argumento en el que el TSJC basó sus medidas cautelarísimas: evitar que su resolución final, en caso de acabar estimando los recursos, tuviera efectos "irreversibles" sobre la convocatoria electoral del 14F, que exige poner ya en marcha el proceso para llevar a cabo la votación.