No fue un buen día este miércoles para el Gobierno de Canarias. Su proyecto más ambicioso y polémico en la provincia de Tenerife, la construcción de un puerto industrial en Granadilla, recibió un duro golpe por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

A instancia de una denuncia del colectivo ecologista Ben Magec, la juez que instruye el caso ha decidido suspender la decisión del Ejecutivo regional de descatalogar los sebadales (Cymodosea nodosa) que se hallan en la zona de obra.

Además, la magistrada ha rechazado la fianza de 31 millones de euros solicitada por la Autoridad Portuaria para mantener la suspensión que frena los trabajos de construcción.

Recurso y manifestación

El consejero de Medio Ambiente, Domingo Berriel, ha anunciado que presentarán un recurso de súplica contra este auto.

Mientras, la organización de izquierda Sí Se Puede ha advertido que en este momento hay que redoblar con mayor entusiasmo si cabe los preparativos de la manifestación del sábado 14 de Marzo, convocada por la comunidad científica, y que está llamada a convertirse en una de las mayores movilizaciones de la historia de Canarias.

Puertos de Tenerife había iniciado las obras hace dos semanas en Granadilla, después de que la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias descatalogara los sebadales en el ámbito de costa sobre la que se ejecutará el muelle industrial.

Ahora el proyecto se enfrenta a un futuro incierto: la suspensión de la obra podría prolongarse largo tiempo.

Las más de 300 alegaciones presentadas y la ausencia de un informe oficial o de la Comisión de Biodiversidad también han conducido al Tribunal Superior de Justicia ha mantener la suspensión cautelar de la descatalogación, mientras no se concluya la denuncia presentada por Ben Magec en la sala del Contencioso Administrativo.

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