El Govern ha aprobado este viernes por la tarde el decreto que pospone las elecciones catalanas del 14 de febrero por la crisis sanitaria provocada por el coronavirus y convoca los comicios para el 30 de mayo. Además, el Govern tiene previsto introducir modificaciones, por ejemplo, en el censo electoral.  

Lo ha explicado el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en funciones de presidente tras la inhabilitación de Quim Torra, en una declaración institucional telemática sin dejar preguntar a los periodistas después de haber firmado el decreto tras la reunión extraordinaria del Consell Executiu.

Aragonès ha defendido que mantener las elecciones el 14 de febrero suponía un "riesgo inasumible" a nivel sanitario y afectaría a la participación electoral, y considera que la nueva fecha es la mejor opción para celebrarlas con seguridad. 

El PSC se opone a este aplazamiento

Después de que este mediodía la mesa de partidos catalanes haya validado -con la única oposición del PSC- la propuesta del Govern de retrasar los comicios al 30 de mayo, Aragonès ha pedido al conjunto de fuerzas parlamentarias "responsabilidad" para "aislar la pandemia de la disputa electoral" y evitar "cálculos electorales".

El PSC rechaza aplazar las elecciones catalanas al 30 de mayo y decidirá si impugna el decreto del Govern

Aragonès ha asegurado que el Govern lo tenía "todo a punto" para celebrar las elecciones el 14F, pero mantener esa fecha en medio de una tercera ola de la pandemia que "está superando todas las previsiones" suponía un "riesgo inasumible a nivel sanitario".

"Nos hemos visto obligados a tomar la decisión de trasladar las elecciones a la primavera, en un contexto que prevemos que será más favorable a nivel epidemiológico", ha argumentado Aragonès, que se ha mostrado dispuesto a "comparecer las veces que haga falta" ante la diputación permanente del Parlament en los próximos meses.

Numerosos incógnitas

El aplazamiento electoral, sin embargo, deja aún numerosas incógnitas que podrían provocar en los próximos días que la pugna política por esta nueva fecha se traslade a los tribunales.

De hecho, a la salida de la cumbre celebrada en el Parlament, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha evitado adelantar si su partido impugnará el decreto de aplazamiento, porque antes quiere leerlo con atención y comprobar si solo "cambian la fecha de las elecciones" o también "las reglas de juego", reabriendo los trámites ya cerrados del proceso electoral en curso y permitiendo modificar las listas presentadas, algo que consideraría "ilegal".

En su comparecencia sin preguntas, la consellera de la Presidencia, Meritxell Budó, ha avanzado que en los próximos días el Govern detallará "cómo se configura todo el calendario electoral y los cambios y modificaciones que se tendrán que producir".

Por ejemplo, ha dicho, "es una evidencia que habrá que modificar el censo electoral", si bien "la voluntad del Govern es facilitar al máximo todos los procedimientos ya realizados con las convalidaciones de actos que sean necesarias".