Ambos han participado este lunes, 11 de enero, en las audiencias legislativas celebradas en las Cortes de Aragón con motivo del proyecto de ley sobre simplificación administrativa de la comunidad autónoma.

Pina ha señalado que para lograr la implicación de los trabajadores es preciso dar "mucha explicación y mucha formación" porque los empleados públicos "son la base de los procedimientos", además de que también hay que formar a la sociedad en general, ha considerado.

A su entender, la futura ley es una "oportunidad" en el momento de "digitalización" actual propiciado por la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 y por la puesta a disposición de fondos europeos de recuperación, en este sentido, además de ser necesaria para impulsar los proyectos que se quieren desarrollar en Aragón con esta financiación.

Asimismo, ha recordado que éste es un asunto que aparece de forma "recurrente" en programas electorales y como propuesta para los acuerdos del diálogo social y ha solicitado que se tenga en cuenta que es una cuestión "dinámica" y "continua", vinculada a desarrollos tecnológicos, algo que debería quedar plasmado en la ley, ha dicho.

Pina ha preferido hablar de "mejora" y "modernización" de las relaciones de la Administración autonómica con los ciudadanos, las empresas y otras instituciones más que de simplificación y ha considerado que "hay mucho margen" en este ámbito, al tiempo que ha incidido en la necesidad "de mantener el control y la inspección", así como de la participación "de todas las administraciones, agentes sociales y empleados públicos".

SERVICIO PÚBLICO

El objetivo final, ha señalado el secretario general de CCOO Aragón, es que el servicio público "se dé mucho mejor". También ha opinado que en esta comunidad autónoma "quizá haya un exceso de regulación", que habría que ordenar, pero ha alertado "de no caer en el otro lado de la balanza" y "relajar el cumplimiento de la legalidad y la garantía de seguridad".

Por eso, ha pedido "definir muy bien" las simplificaciones administrativas y "no relajar determinadas cuestiones", como la protección de datos de los ciudadanos y las empresas y no utilizar las autorizaciones previas con declaración responsable o el silencio administrativo positivo "si está la seguridad de por medio", igual que la reducción de plazos, "que es necesaria, pero en algunos casos no tienen razón de ser porque hay que garantizarle tiempo a la administración".

Pina ha defendido también los controles y la inspección relacionados con "garantizar la seguridad de las cosas y las personas, especialmente de estas últimas" y ha confiado en que la fórmula de las entidades colaboradoras "no sea una puerta a la privatización" de forma que su margen de acción sea "muy pequeño".

MOMENTO OPORTUNO

El secretario general de UGT Aragón, Daniel Alastuey, ha opinado que la futura ley "llega en el momento oportuno" para "ayudar a gestionar los proyectos" que pueden beneficiarse de los nuevos fondos europeos para la reconstrucción, así como para implementar algunos de los puntos que recoge la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Económica y Social puesta en marcha a raíz de la crisis generada por la COVID-19.

Alastuey ha estimado que la pandemia "ha puesto en evidencia las carencias del ámbito administrativo" y su "bajo nivel de digitalización" en Aragón, algo a lo que "pone remedio" esta nueva norma.

Para el secretario general de UGT Aragón, es una ley "positiva en términos generales", que "mejora" los procesos administrativos y servirá para agilizar la puesta en marcha de nuevos proyectos, pero ha aclarado que no será de aplicación inmediata ya que "va a necesitar de un largo desarrollo" puesto que supone un "cambio de cultura administrativa".

Esto hará precisa, ha apuntado, "la absoluta complicidad de los empleados públicos" y por eso habrá que poner "todos los medios" para que se adapten a esta nueva cultura, además de requerir del "acuerdo" con las organizaciones sindicales, por lo que se ha ofrecido a participar en el desarrollo de la ley.

Por lo que se refiere a las entidades colaboradoras y a su labor de certificación, ha dicho que son dos aspectos que se tienen que "clarificar" durante la tramitación, estableciendo una "delimitación clara" entre las labores propias de estas entidades y la de control e inspección de la administración.

En este punto, Alastuey ha dicho que habrá de prestar una atención especial a la formación de los empleados públicos en esa nueva cultura administrativa que va a implicar pasar de aprobar a inspeccionar "para garantizar que lo que se ha dicho que se va a hacer, se está cumpliendo".

PARTICIPACIÓN Y NEGOCIACIÓN

El secretario general de UGT Aragón ha mencionado también la comisión de simplificación administrativa, en la que van a participar diez miembros del Gobierno de Aragón de distintas áreas, y "en la que nos gustaría que hubiera una representación de los empleados públicos a través de las organizaciones sindicales".

En este punto, ha considerado que se va a hablar de "condiciones de trabajo" que se van a tener que someter a la negociación colectiva o al menos a la participación de los sindicatos. Igualmente, se ha referido al teletrabajo y a la necesidad de incluirlo en esta nueva cultura de la administración y que también comportará de una negociación con los representantes de los trabajadores.

Ha añadido que tanto la tramitación, como el desarrollo de la ley deben estar "impregnados" de esa necesidad de negociación y participación porque la nueva norma "no se va a poder aplicar" sin tener en cuenta el capital humano.