La diputada portavoz de la confluencia de IU y Podemos, Teresa Sánchez, ha indicado que la subida en residuos "es importante y en el momento que nos encontramos supone un gran impacto difícil de asumir, por ello planteamos que sea la diputación quien asuma está cuotas, de forma paulatina y transitoria, empezando por los municipios de menos de 10.000 habitantes".

"Tras la situación de crisis sanitaria, con la crisis económica y social que se deriva de la misma, y en el ánimo de facilitar a los ayuntamientos los máximos recursos posibles entendemos que es el momento de que la Diputación de Málaga asuma la cuota anual de los nueve municipios con población entre 5.000 y 20.000 habitantes que están integrados en el consorcio, o en su defecto de forma transitoria hasta llegar a los 20.000, a los menores de 10.000 habitantes", ha sostenido.

Así se cumpliría, ha dicho, la "función principal" de la institución, "que es la asistencia técnica, jurídica y económica a los municipios de la provincia asegurando así que los mismos puedan prestar de manera integral y adecuada la prestación de los servicios de su competencia municipal, en especial los municipios menores de 20.000 habitantes".

El Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos, en el que se integran la práctica totalidad de municipios de la provincia y la Diputación Provincial de Málaga, vino a dar respuesta a la exigencia legal de ofrecer unos servicios en cuanto a la recogida y tratamiento de residuos que la mayoría de los municipios de la provincia no podían prestar de manera individual, ha recordado, añadiendo que la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local establece que los municipios ejercerán competencias, entre otras materias, en gestión de residuos sólidos urbanos.

"Debemos recordar que dicha legislación local ha sido modificada y así, la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local ha modificado el artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, subrayando como competencia propia de las Diputaciones la prestación del servicio público de carácter supramunicipal de prestación de los servicios de tratamiento de residuos en los municipios de menos de 5.000 habitantes", ha incidido Sánchez.

Por su parte, la también diputada de la confluencia, Maribel González, ha indicado que si bien la Diputación a día de hoy ha asumido la parte que corresponde a dicho concepto en los municipios menores de 5.000 habitantes, "todos somos conocedores que las diputaciones tienen como obligación principal la asistencia técnica, jurídica y económica a los municipios de la provincia asegurando así que los mismos puedan prestar de manera integral y adecuada los servicios de su competencia municipal, en especial los municipios menores de 20.000 habitantes, hecho que en sí da sentido a su actual existencia".

Para IU y Podemos "la Diputación no puede abstraerse del grave problema que supone para los municipios integrantes en el consorcio, en especial los menores de 20.000 habitantes, el importante incremento de la prestación del servicio de tratamiento a causa de la repercusión de los gastos por la puesta en marcha de la planta de compostaje".

A esto hay que sumar, han dicho, "el hecho de que la Diputación de Málaga hizo a lo largo de este año que el consorcio le traspasase el remanente de tesorería que disponía, y con el cual podría haber aminorado en cierta medida la subida que ahora se plantea por el servicio de tratamiento de residuos".