En una entrevista concedida a Europa Press, Gómez, que tomó posesión como máximo mandatario de los jueces de las Islas el pasado miércoles, ha reclamado el "desbloqueo" para que un nuevo CGPJ pueda "cumplir con sus previsiones constitucionales".

"No puede ser que el órgano lleve tanto tiempo en funciones, la situación comienza a ser delicada y conforme más tiempo pasa más se ve que no puede seguir así", ha apuntado.

El sistema de nombramientos fue, precisamente, uno de los asuntos que abordó en su toma de posesión, asegurando de que debía ser "repensado". En esta línea, ha pedido que se sigan los estándares del Consejo Europeo, que fija que al menos la mitad de los miembros del órgano deben ser jueces escogidos por los propios magistrados.

Gómez ha admitido que "políticamente" es una cuestión complicada de resolver "pero la situación es la que es" y ha asegurado que el consenso es alcanzable "con dos, con cuatro o con ocho grupos políticos". Ha lamentado, sin embargo, que todos los poderes intentan "influir en la Justicia" cosa que "no puede suceder en un sistema que presupone la separación de poderes".

Precisamente en un momento en que cada poder "intenta ir más allá de sus funciones asignadas", el CGPJ, ha añadido, "tiene que hacer más visible esta separación, cambiando el modo en que se eligen sus miembros".

BALANCE EN CONTEXTO DE PANDEMIA

Nueve meses después de la declaración del primer estado de alarma, Gómez se ha mostrado satisfecho de poder, "en unas pocas semanas", volver al nivel de actividad anterior a marzo. La paralización total de los plazos durante dos meses y medio -solo siguieron en marcha los asuntos urgentes- propició, según ha señalado, un "inevitable" aumento de los asuntos y del consiguiente retraso. "La actividad se paralizó pero los conflictos no se detuvieron y ahora podemos salir de una situación crítica para afrontar nuevos retos", ha indicado.

Uno de estos retos es -también lo reclamó en su discurso de toma de posesión- la mejora de los recursos humanos y materiales para la administración de Justicia en Baleares.

"En Baleares no cabe un juez más", ya dijo en su discurso, y ha asegurado que se están buscando los espacios adecuados para los nuevos juzgados de lo Social y lo Mercantil, también consecuencia del aumento de litigios por la pandemia. "El lugar se encontrará porque no se puede dejar pasar esta oportunidad", ha aseverado.

Gómez ha recalcado que el objetivo no es simplemente disponer de nuevos espacios sino de un plan entendido como una estrategia global "para que los jueces, aunque estén en un lugar provisional, sepan que tienen un futuro y que podrán disponer de espacios e infraestructuras adecuados".

El presidente del TSJIB ha lamentado, sin embargo, que esta nueva disponibilidad de recursos no llegue al "problema estructural" de la violencia contra las mujeres en la administración de Justicia "que ya estaba antes de la pandemia".

Gómez ha insistido en la necesidad de contar en Palma con un tercer juzgado en la materia porque se trata de un asunto que pide una atención especializada, un conocimiento concreto del entorno y cuya actuación judicial "es mucho más compleja que, por ejemplo, un robo".

La administración de la Justicia en Baleares se enfrenta a otro problema, no menos crucial según Gómez, que es el de la digitalización, que se ha demostrado "fundamental para operar de una manera eficiente y prestar un buen servicio".

"La Covid ha tenido muchos efectos negativos, pero ha tenido la consecuencia positiva de haber puesto sobre la mesa la necesidad de la digitalización total", ha señalado el magistrado, que ha asegurado que existe "voluntad" por parte del Ministerio para avanzar en la materia.

Gómez ha expresado su confianza en que mediante los fondos europeos de recuperación se pueda avanzar en la digitalización de la Justicia, una carencia arrastrada desde hace décadas "porque la Justicia no tiene la rentabilidad electoral inmediata que sí tienen otros servicios como la Sanidad o la Educación" para atraer más inversiones.

MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA

El presidente del TSJIB ha reconocido que llega al cargo en un momento "completamente excepcional" pero ha asegurado que lo hace con "cierta satisfacción y con la esperanza de mejorar aunque sea un poco las condiciones en las que la justicia se administra en las Islas".

"Haber sido el único candidato y haber recibido tanto apoyo es una ventaja y un buen punto de partida", ha añadido.

El juez ha defendido el "trabajo extra" de la Justicia en los últimos meses que ha tenido que afrontar nuevas normas, decretos y resoluciones legales encaminadas en ocasiones a restringir libertades y ha negado, a pesar de lo que pudiera parecer a primera vista, diferencias de criterios entre autonomías.

Según ha explicado, "no ha habido diferentes respuestas" porque los casos nunca son iguales. "Los jueces ponderamos principios de salud pública y libertad circulatoria, por ejemplo, y cuando estos dos principios se ponderan no hay respuestas predeterminadas, por eso se acude a los jueces, para que garanticen que no se da ninguna limitación injustificada de ningún derecho".

"La ciudadanía tiene que tener claro que los jueces acertarán o no, pero siempre tomarán decisiones con el objetivo de proteger los derechos fundamentales", ha añadido.

En esta línea, Carlos Gómez ha pedido a la ciudadanía un voto de confianza para la labor de los jueces -"los jueces españoles hacen justicia cada día de manera independiente, aunque se estén discutiendo cuestiones como la renovación del CGPJ"- y ha reivindicado el "valor social" de la Justicia.

El presidente del TSJIB ha subrayado, por otra parte, la importancia de la futura reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que modificará las funciones de jueces y fiscales en la fase de instrucción.

Hasta ahora, ha explicado, el juez investiga y toma decisiones en cuanto a privación de libertad o intervenciones telefónicas, por ejemplo, y esto "genera disfunciones" porque se acumulan funciones distintas. Según ha apuntado, este modo de proceder es residual en Europa y la reforma -se intenta por tercera vez- aportará claridad en la distinción de funciones de jueces y fiscales.

Preguntado por su papel en el caso Cursach, el ahora presidente del TSJIB ha preferido no pronunciarse alegando que el asunto es reservado. "Mi posición de imparcialidad quedaría en entredicho si manifestara alguna opinión al respecto", ha añadido.

El juez se ha referido a las palabras que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre el rey emérito y asegurado que "no todos los ciudadanos son iguales ante la ley". Gómez ha reconocido que existen mecanismos mediante los cuales la legislación puede tratar a unas personas o a otras de manera diferente -discriminación positiva, por ejemplo- pero ha garantizado, eso sí, que "ante un juez todos son iguales".

La prueba de esto, ha añadido, han sido los procesos tan mediáticos que han tenido lugar en Baleares en los últimos años y que afectaron a personas que "ocuparon posiciones preferentes en la sociedad" y que ante la justicia recibieron "el mismo trato". Sin embargo, ha advertido que, en general, la exposición mediática "no es positiva".