El debate monográfico sobre corrupción celebrado este lunes en el Parlament ha derivado en un fuego cruzado entre los grupos parlamentarios, que se han echado en cara investigaciones como las que afectan al rey emérito, la socialista Núria Marín o los independentistas citados en el caso Volhov.

En pleno clima de precampaña, a una semana de la convocatoria automática de elecciones para el 14 de febrero, el Parlament ha abierto su última sesión plenaria del año y de la legislatura, con un debate sobre corrupción solicitado por Ciudadanos.

El debate ha comenzado con la intervención del presidente del grupo parlamentario de Cs, Carlos Carrizosa, que ha denunciado que "el dinero que se ha destinado al 'procés' es corrupción" porque, en su opinión, se trata de un mal uso de los caudales públicos.

Carrizosa ha repasado algunos "escándalos" que han salpicado a otras formaciones, como el presunto fraccionamiento de contratos por parte de la candidata de JxCat Laura Borràs, la reunión de la consellera de ERC Alba Vergés con un "conseguidor de contratos", las supuestas irregularidades en el consejo deportivo de L'Hospitalet de Llobregat, donde gobierna la presidenta del PSC, Núria Marín, o el caso Neurona, que investiga la financiación de Podemos.

"Estoy convencido de que los líderes de los partidos son gente honrada y no se lucran. La crítica principal es que se mire a otro lado", ha apuntado Carrizosa.

Precisamente esta ha sido la acusación que, en la réplica, le ha lanzado el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès: cuando habla de corrupción, Cs "se olvida" de la monarquía.

Al recordar la figura del rey emérito, Aragonès ha denunciado que "la corrupción marca el ADN político de la monarquía" y ha subrayado que ante este tipo de casos "nadie puede ser inviolable", a la vez que ha tachado de "persecución política" el caso Volhov.

Posteriormente, la diputada de Cs Lorena Roldán ha afeado a los partidos independentistas que hayan inventado una "nueva modalidad" de corrupción consistente en tachar de "persecución ideológica" cualquier investigación judicial por malversación de fondos.

El diputado del PSC Jordi Terrades ha afeado a JxCat la falta de autocrítica ante las filtraciones de conversaciones relacionadas con el caso Volhov, en las que aparecen personas de su entorno, como David Madí, criticando la gestión del Govern de Quim Torra.

Terrades ha pedido "prudencia" a todos aquellos que atribuyen las investigaciones judiciales a una "persecución" ideológica y ha hecho hincapié en que de las conversaciones filtradas del caso Volhov se desprende que algunos "se pasan la ética por el forro".

Desde Catalunya en Comú Podem, el diputado Marc Parés ha criticado que haya partidos de ámbito estatal que no quieran que se investigue a la monarquía española por "presuntos casos de corrupción" y ha advertido que ninguna institución debe gozar de "impunidad".

También la diputada de JxCat Aurora Madaula ha lamentado que haya partidos en el Parlament que "no han votado nunca contra la corrupción borbónica" y ha afirmado que los "negocios oscuros" del rey emérito deberían "avergonzar a cualquier demócrata".

Pacto JxCat y PSC en la Diputación de Barcelona

En medio de este fuego cruzado, la portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha lanzado un dardo a JxCat por mantener su pacto de gobierno con el PSC en la Diputación de Barcelona, presidida por Núria Marín.

Vilalta ha acusado a JxCat de "jugar un rol cómplice y silencioso" al mantener su "pacto de la vergüenza" con Marín, un pacto que sirve a su juicio para "blanquear la corrupción".

La diputada de la CUP Maria Sirvent ha culpado "al sistema capitalista" del origen de la corrupción y los intentos que se hacen desde algunos partidos e instituciones por "taparla y blanquearla".

Por su parte, el diputado del PPC Santi Rodríguez ha reprochado al Govern que sea "beligerante" solo con los casos de corrupción que afectan a sus rivales y saque "el comodín independentista" cuando las sospechas se ciernen sobre sus compañeros de filas.

Más allá de los reproches políticos, el conseller de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, Bernat Solé, ha anunciado que a partir de este martes estarán activados los llamados "buzones éticos" para proteger el anonimato de los alertadores de posibles casos de corrupción.