En rueda de prensa para presentar el proyecto de presupuestos de su departamento para el año que viene, Cofiño ha recordado que se encuentra en el trámite de consulta previa hasta este próximo lunes, día 14 de diciembre, y que a continuación se valorará la incorporación de las aportaciones recibidas y se continuará con la elaboración del proyecto.

En ese sentido, ha avanzado la constitución de "un grupo plural y diverso" para la configuración del texto legal, con el propósito de lograr un proyecto que sirva de base al futuro de función pública asturiana.

Cofiño ha resaltado que la legislación vigente data de 1985, por lo que ha llegado la hora de revisarla. Así, aunque Asturias no tiene competencias plenas en regulación de la función pública, sí tiene capacidad de regular algunos extremos "relevantes para flexibilizar los recursos".

De este modo, el vicepresidente aspira a que la nueva norma permita "ser más plásticos y dinámicos para colorar recursos donde haya necesidades puntuales". Con esa intención, dijo, ya se han empezado a analizar las cargas de trabajo de cada área.

Además, la ley regulará el teletrabajo de forma adecuada y buscará mecanismos para establecer objetivos en la administración pública, adaptando también el régimen retributivo al establecimiento y cumplimiento de esos objetivos.

Cofiño ha resaltado que se debe aprovechar como oportunidad el hecho de que en los próximos 10 años se producirá la jubilación de casi la mitad de la plantilla del Principado. En ese sentido, ha mencionado la posibilidad de incorporar nuevas categorías, que no están presentes en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Principado pero sí están en la calle.

Preguntado sobre las actuaciones que se desarrollarán en 2021 dentro de la anunciada reforma de la administración pública, el vicepresidente ha incidido en la mejora de procedimientos para reducir "obstáculos actuales" y ofrecer un servicio de forma "más eficaz y eficiente".

Al respecto, ha apuntado la creación de una comisión de simplificación administrativa, dónde se evalúan los problemas que implican demoras o que no haya respuestas de calidad a la población, con la vocación de ofrecer alternativas para aligerar trámites administrativos y poder presentar una reforma normativa a la Junta General en los primeros meses de 2021.

Respecto a los recursos humanos, Cofiño ha indicado que se aprobará en cuestión de días la RPT, que se encontraba judicializada, para proceder a principios de año a sacar los concursos de méritos y traslados pendientes desde hace tiempo, que podrían superar el millar. Además, prevé que en 2022 se pueda elaborar una RTP "con carácter definitivo".