Santana no dimite por el retraso de la ley de servicios sociales y lo achaca a la pandemia y el "caos" de CC

La consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, ha descartado este miércoles en el Parlamento dimitir de su cargo ante la petición del Grupo Popular por el retraso que lleva el despliegue de la nueva ley de servicios sociales.
La consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Noemí Santana
La consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Noemí Santana
GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

En una comparecencia ante el Pleno ha achacado la actual situación -el plazo de arranque según la propia ley es en diciembre- a las dificultades generadas por la pandemia en la administración y el "absoluto caos" que dejó CC en su departamento.

En esa línea, ha indicado que su equipo tuvo que "empezar casi de cero" al llegar a la Consejería dado que no podían "avanzar" siguiendo con el mismo estilo, subrayando como gran prioridad la renta ciudadana, ya en tramitación y en consulta pública.

"Hemos cumplido con el plazo legal pese a que tuvimos que reiniciar el trabajo por la pandemia", ha indicado, apuntando también que como el Estado adelantó el Ingreso Mínimo Vital se hizo una modificación para adaptar la norma canaria que "si todo va bien" podrá ser aprobada en el último cuatrimestre de 2021.

Sobre el catálogo de la ley, ha apuntado que "se están dando los pasos" para que esté aprobado en 2021 con un "trabajo coordinado" con la Fecam, la Fecai y el Consejo General de Servicios Sociales, advirtiendo que muchas veces "los tiempos" también dependen de las corporaciones locales.

Santana ha asegurado que quieren una ley "bien definida" y que no pase como con la de 1987 que "era muy buena" pero "no hubo voluntad política" desde la administración canaria para "hacer cumplirla".

"Me gustaría que fuera tan exigente en el Gobierno como en la oposición, pues estuvieron 27 años y me pide que en más de un año termine de implementar una ley de servicios sociales", ha espetado la diputada nacionalista Cristina Valido.

Ha dicho que a su Gobierno se le está "señalando con el dedo" por la "inacción" de los Ejecutivos anteriores que veían "irrelevantes" los servicios sociales e insistido en que se trabaja para no dar "beneficencia ni limosnas" a los ciudadanos, sino garantizar sus derechos.

Santana ha comentado también que han tenido que modificar la ley ante el aviso de inconstitucionalidad de los conciertos sociales y corroborado que se ha aumentado el coste de las plazas en los centros tras una "negociación compleja" con los cabildos por la falta de recursos económicos.

Además, ha señalado que la crisis económica está generada por la pandemia y no "por los rojos bolivarianos, comunistas y castristas", que en todo caso, han impulsado un "escudo social" a través de los ERTE, ayudas a los autónomos e Ingreso Mínimo Vital, entre otras medidas.

En el caso de Canarias, ha indicado que se resolvieron en dos meses 16.000 solicitudes del Ingreso Canario de Emergencia y ahora se acaba de aprobar una ayuda adicional de 250 euros para complementar la PCI y las pensiones no contributivas. "La gente estará un poquito mejor estas navidades", ha señalado.

LA LENTITUD DE LA LEY ES DOLOROSA, SEGÚN CC-PNC

La diputada del Grupo Nacionalista, Cristina Valido, ha comentado que las leyes no son una "cantinela" de la oposición sino una "obligación", y la ley de servicios sociales acarrea una "lentitud" que es "especialmente dolorosa" en estos momentos de pandemia.

Ha comentado que aparte del catálogo, es "muy importante" que se despliegue el plan de atención a la pobreza, el reforzamiento de los servicios de inspección en centros, sobre todo cuando hay brotes de coronavirus en residencias de Tenerife, o resolver la concertación social para que las ONG sigan "sacando las castañas del fuego" a las administraciones.

Además, ha apuntado que los borradores de los reglamentos "no están" y la ley recoge todo "negro sobre blanco". "Es muy preocupante que el trabajo no esté hecho cuando los canarios más lo necesitan", ha comentado.

"Desarrolle la ley, es su primera responsabilidad en este mandato, y si no lo puede hacer haga lo que le ha pedido Hipólito Suárez", ha indicado.

Vidina Espino (Cs) ha comentado que Santana vive "en el día de la marmota" y "atascada" sin avanzar en los reglamentos y el desarrollo de la ley, al tiempo que ha censurado la falta de fondos de la Consejería en el próximo presupuesto autonómico y la escasa ejecución presupuestaria de este año.

Melodie Mendoza (ASG) ha dicho que la ley es una "herramienta fundamental" para sostener el estado del bienestar pero ha reconocido las "dificultades" del Gobierno para sacarla adelante, mostrando su confianza en que en el primer cuatrimestre del próximo año esté a pleno funcionamiento.

"Este Gobierno no ha parado y está haciendo un trabajo riguroso", ha agregado, subrayando que tras 30 años de espera, es "razonable" que haya el máximo consenso "y las cosas se hagan bien".

María del Río, de Sí Podemos, ha comentado que el Gobierno "pone toda la energía" en desarrollar la ley pese a la pandemia y la falta de personal y resaltado como se han aprobado, mientras tanto, el ingreso canario de emergencia, la ayuda adicional de 250 euros y la renta ciudadana, que está ya en tramitación.

NC PIDE UNA "ALIANZA" POR LOS MÁS VULNERABLES

Carmen Hernández (NC) ha pedido que no se utilicen los servicios sociales "como arma arrojadiza" en medio de una pandemia y con una parte de la población que necesita a sus representantes públicos "unidos" para poder mejorar las condiciones de vida de los canarios.

Ha señalado que la "prioridad" de la ley es la renta ciudadana y la oposición la deja de lado cuando es la "única manera" de luchar contra la exclusión social. "Es un paso de gigante en la construcción del estado del bienestar", ha indicado, por lo que ha pedido una "alianza política" en favor de los vulnerables.

Hipólito Suárez, del Grupo Popular, ha comentado que la renta ciudadana "no es mérito" del Gobierno de Canarias porque está recogida en el Estatuto de Autonomía, y no ha obviado que los plazos en la ley de servicios sociales "no se están cumpliendo".

Ha comentado que la gestión de la Consejería es "desastrosa" y ha sugerido a Santana que dimita tras las fuertes críticas de Acufade en comisión parlamentaria en la que las familias de personas dependientes se sintieron "desahuciadas" del sistema.

Teresa Cruz (PSOE) se ha mostrado convencida de que el Gobierno va a desarrollar la ley y no va a pasar como con la de 1987, negando que no se esté cumpliendo con el plan de inclusión social ya que se ha heredado la estrategia contra la pobreza de la pasada Legislatura.

Ha comentado que la renta de ciudadanía "está en camino", lo mismo que el catálogo, que el Gobierno anterior dijo que "estaba muy avanzado".

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