El plazo de este trámite inicial, necesario para la elaboración de la normativa, concluye el 14 de diciembre. Una vez finalizado el plazo, la consejería valorará la incorporación de las aportaciones recibidas y continuará con la tramitación ordinaria del procedimiento de elaboración del proyecto.
La futura norma persigue adecuar y actualizar la regulación autonómica de los empleados públicos, que data de 1985, para adaptarla al actual contexto social, normativo y de prestación de servicios.
La ley regulará, entre otros aspectos esenciales, los mecanismos de movilidad y flexibilidad en la gestión de los recursos humanos, el diseño de cuerpos y escalas para adaptarlos a las necesidades actuales de los servicios a la ciudadanía, la provisión de puestos de trabajo, el establecimiento de deberes y el reconocimiento de derechos, las vías para la consolidación de los interinos, un régimen de retribuciones más eficiente, la prestación de servicios a distancia y la conciliación de la vida personal, laboral y familiar.
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