El recluso en cuestión es el etíope Binyam Mohamed, de 31 años y con estatus legal de residente en el Reino Unido, que lleva más de cuatro años en Guantánamo acusado de conspirar con la red terrorista Al Qaeda para atentar contra civiles.

En el auto, los jueces John Thomas y David Lloyds Jones, afirman que las pruebas de supuesta tortura deberían divulgarse al margen de lo "embarazoso que puedan ser políticamente".

Thomas y Jones señalan que no tenían "ninguna razón" para vislumbrar que "se produciría una amenaza tan grave como la efectuada por el Gobierno de Estados Unidos de que reconsideraría el compartir información inteligencia" con el Ejecutivo de Londres si difundían un aparte "limitada pero importante" de las pruebas.

Desde Downing Street, residencia y despacho oficial del primer ministro británico, Gordon Brown, un portavoz dijo no tener conocimiento de una amenaza de la Administración de Obama para cancelar la cooperación antiterrorista con el Reino Unido.

"No hemos tratado con la nueva Administración (de EEUU) sobre los detalles de este caso", aseguró el portavoz al remarcar que Londres y Washington tienen "una muy sólida relación en asuntos de inteligencia" y que "eso continuará".

El abogado de Mohamed, Clive Stafford, director también del grupo pro derechos humanos "Reprive", indicó que los gobiernos estadounidense y británico "tienen la obligación" de investigar y no eliminar las pruebas sobre presuntas torturas.

Por su parte, Shami Chakrabarti, directora de la organización defensora de los derechos civiles "Liberty", reclamó al Gobierno británico una "investigación pública inmediata" acerca del papel del Reino Unido en el caso.