El proyecto de modificación de la actual ley de igualdad fue aprobado inicialmente el pasado 28 de enero por el Gobierno Vasco, aunque la ley no llegó a ver la luz debido al final anticipado de la legislatura.

Por ese motivo, el Ejecutivo autonómico ha tenido que volver a aprobar el proyecto -cuyo texto es idéntico al aprobado a principios de año- en el Consejo de Gobierno de este martes. En este caso, y según ha informado la consejera de Igualdad y Justicia, Beatriz Artolazabal, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el objetivo es que la ley pueda aprobarse en el Parlamento Vasco antes del verano.

El 'Proyecto de Ley de segunda modificación de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres' ha recibido 400 aportaciones de la sociedad civil y de diversas instituciones.

La reforma de la ley actual, aprobada hace 15 años, está motivada por la necesidad de "reforzar" las políticas de igualdad y el trabajo para la erradicación de la violencia machista, con el fin de adaptar esta labor a las nuevas necesidades y retos derivados del nuevo contexto social y normativo sobre esta materia.

MÁS RECURSOS

La ley prevé el refuerzo de los recursos económicos, humanos y técnicos para el desarrollo de las políticas de igualdad. En este sentido, Artolazabal ha recordado que el Gobierno Vasco se ha comprometido a elevar de 25 a 30 millones de euros anuales el dinero destinado a combatir las desigualdades entre sexos.

De esa forma, la ley prevé un refuerzo de estructuras, la obligatoriedad de formación en igualdad de personal público, la generalización de los permisos parentales iguales e intransferibles, y un incremento de medidas para combatir la brecha salarial.

FORMACIÓN OBLIGATORIA

Uno de los objetivos más importantes de la ley es garantizar la formación en igualdad de todo el personal de las administraciones públicas. De esa forma, se prevé la formación obligatoria, progresiva y permanente, en materia de igualdad, para todo el personal de los poderes públicos vascos y, en particular, para el personal implicado en la respuesta frente a la violencia machista contra mujeres.

Por otra parte, se dota de una mayor protección a los niños y adolescentes. Además de a las mujeres, adolescentes y niños de corta edad que sufren en primera persona la violencia por motivos de género, la ley considera expresamente como víctimas y supervivientes de la violencia machista a las niñas, niños y adolescentes y otras personas dependientes que convivan en un entorno en el que se ejerza dicha forma de maltrato.

La ley recoge la creación de ayudas para hijos huérfanos como consecuencia de la violencia machista. Además, se amplía el sistema de atención a las víctimas de todas las formas de violencia machista contra las mujeres.

Más allá de las víctimas de la violencia ejercida por la pareja o expareja, o de la violencia intrafamiliar y sexual, se regula y amplía el sistema de atención a las víctimas del resto de las manifestaciones de la referida violencia, como la trata con fines de explotación sexual, entre otras.

REPARACIÓN

La modificación legal permite también el reconocimiento al derecho de reparación de las víctimas y plantea la obligación de adoptar medidas para garantizar a todas las víctimas y supervivientes el reconocimiento de la verdad, la garantía de no repetición de los hechos violentos, y de recuperación a través de los correspondientes recursos públicosde atención.

Asimismo, se prevé para las víctimas una nueva ayuda económica,compatible con las ya existentes, para supuestos de impago deindemnizaciones establecidas por resolución judicial.

INFORMACIÓN COMPARTIDA

La reforma establece la necesidad de impulsar la implantación de un sistema electrónico de información compartida de casos de las diferentes manifestaciones de la violencia contra las mujeres, y plantea la creación de un Observatorio de Igualdad que permita tener una visión global y permanente de este problema.

La ley apunta, asimismo, hacia la superación de la "centralidad" de la denuncia de la visión policial-judicial de la violencia contra las mujeres.

De esa forma, y "sin menoscabo de la importancia" que los sistemas policial y judicial tienen en la intervención contra la violencia contra las mujeres y en la protección de sus víctimas, se sitúa "en el centro" de las medidas los derechos de las víctimas y sus supervivientes, con independencia de su grado de implicación o colaboración con el procedimiento judicial.

La nueva norma establece la necesidad de adaptar la respuesta institucional ante la violencia machista para asegurar el derecho quetoda víctima tiene a una atención "integral, gratuita, accesible y de calidad", independientemente de su situación personal, social y administrativa y, en particular, el de aquellas que se encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad.