La última, anunciada ayer por el consejero Javier Madrazo, la de "garantizar" una vivienda pública en alquiler a los ciudadanos que sufran una ejecución hipotecaria –el banco les embarga la vivienda por no poder pagar– o sean deshauciados por no poder hacer frente al alquiler.

Desde el próximo lunes estarán a disposición de los ciudadanos interesados los impresos necesarios para que puedan acogerse a estas ayudas. Aunque sólo se podrán acoger a estas medidas anticrisis los parados que han tenido ingresos inferiores a 22.000 euros anuales que no tengan otra vivienda en propiedad.

Así, en el caso de que una familia no pueda pagar la hipoteca de su vivienda, el Gobierno vasco se la comprará y le ofrecerá vivir en ella con un alquiler tasado hasta que la situación económica mejore. Aunque, para ello, el banco deberá acceder a rebajar un 20% lo que queda por pagar de la hipoteca.

"Los bancos no pueden mirar hacia otro lado", dijo el consejero. En el caso de el afectado viva en una VPO, el procedimiento será similar.

Cuando se trate de una vivienda libre en alquiler, el Gobierno vasco garantizará el cobro de la renta al propietario, como sucede con el programa Bizigune, siempre que éste rebaje el alquiler un 30%.

Así, el inquilino deberá pagar un máximo de 450 euros mensuales. El dueño cobrará una renta máxima de 750 euros.

¿Y QUÉ PASA DESPUÉS?

Entre los requisitos del Departamento de Vivienda para acceder a estas ayudas anticrisis también figura el tiempo. Así, como mucho, los afectados podrán recibir estas ayudas durante un máximo de 24 meses.

En principio, el contrato con el Gobierno vasco será de 12 meses, ampliable a otros 12. Aun así, se garantiza que una familia afectada por el embargo de una hipoteca pueda volver a comprar al Gobierno vasco el mismo piso tras vivir en él de alquiler protegido.

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