Pérez Anadón dice que los Presupuestos de 2021 responden al "reto social" y deben modernizar el sistema productivo

El consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Carlos Pérez Anadón, ha presentado este viernes, en Comisión del Parlamento autonómico, el proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad para 2021, que responden al "reto social" planteado por la crisis derivada de la pandemia de la COVID-19 y, a la vez, "deben enlazar con la modernidad del sistema productivo".
El consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Carlos Pérez Anadón.
El consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Carlos Pérez Anadón.
CORTES DE ARAGÓN. - Archivo
El consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Carlos Pérez Anadón.

Pérez Anadón ha presentado a la Comisión los datos globales del proyecto de ley, que se eleva a 7.454 millones de euros y que ha sido elaborado "en las circunstancias excepcionales que estamos atravesando, que siguen produciendo consecuencias imprevisibles", cuando "la salud ha pasado a ser una preocupación de primer rango", a lo que se suman "las secuelas sociales y económicas".

Por eso "estamos ante un Presupuesto excepcional", ha dicho el consejero, quien ha confiado en que "la altura de miras no sea vencida por el sentimiento cainita de 'cuanto peor mejor".

El Presupuesto "es robusto en cifras pero sin holguras de ningún tipo", ha explicado Pérez Anadón, quien ha celebrado que "de esa prudencia han participado todos los consejeros", añadiendo que "tendremos una herramienta viva en función de cómo y cuándo se realice el reparto de la financiación europea". Los gastos no financieros se aproximan a los 6.200 millones de euros y son "la cifra más alta de la Historia" en Aragón.

Ha recordado que los objetivos son atender la lucha contra la pandemia y sus efectos sanitarios y sociales, relanzar la recuperación económica y el empleo, así como llevar a término la Estrategia de Recuperación Social y Económica.

ECONOMÍA GLOBAL

El consejero ha hecho notar que "Aragón participa de los comportamientos negativos de la economía global", puntualizando que los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre de este año son "buenos" para este contexto y que la confianza empresarial ha aumentado, también la productividad y la producción industrial.

Los Presupuestos se han elaborado con una previsión de crecimiento del 8,4 por ciento, cifra que se sitúa "en la parte central de las previsiones" para "ser prudentes en el cálculo de los ingresos y cuidadosos con la gestión de los gastos".

Se prevé una recaudación de tributos un 13,62 por ciento menos que este año, una tasa de déficit del 2,2 por ciento del PIB y la presión fiscal se mantendrá en el 4,87 por ciento del PIB. "Pedir que bajemos los ingresos y subamos las inversiones o proponer lo contrario es un juego verbal que dejamos para otros".

El Gobierno de Aragón quiere avanzar en la sostenibilidad de la deuda y el control del déficit con un Presupuesto en el que las aportaciones de la UE y la financiación "reforzada" desde el Gobierno de España "son dos grandes puntales" y dan "más capacidad de respuesta los dos próximos años".

El titular de Hacienda ha destacado que "la pandemia ha impactado e impactará en numerosas partidas del Presupuesto, de ahí la necesidad de que sea flexible". Se destina un 72 por ciento a las partidas del Estado del Bienestar, un 19 por ciento a la recuperación y un nueve por ciento a los gastos generales.

CIFRAS

Así, se dedicarán 2.358 millones de euros a Sanidad, el 38,2 por ciento del total; a Educación 1.134 millones, el 18,4 por ciento; a Agricultura 825 millones, un 13,4 por ciento; a Ciudadanía 476 millones, el 7,7 por ciento. Por capítulos, el de personal supone 2.459 millones de euros, con 166,9 millones más que este año, el 39,8 por ciento del gasto no financiero; en bienes corrientes y servicios 1.065 millones, de los que el 65,3 por cien se destina a gasto sanitario; el 14 por ciento a centros asistenciales y conciertos del IASS; el 8 por ciento para Educación y el 6 por ciento para el mantenimiento de depuradoras.

La PAC supone un gasto de 440 millones de euros; la farmacia no hospitalaria 363 millones; la educación concertada 175 millones y la transferencia básica a la UZ, 173 millones, mientras que las ayudas a la dependencia conllevan un gasto de 88,7 millones, la CARTV 50 millones y las transferencias corrientes a comarcas 64,6 millones de euros. Al IAI se destinan 40 millones de euros, a Carreteras 38 millones.

En el conjunto del Presupuesto, las inversiones reales se elevan a 433,9 millones de euros, al sumarse 216 millones de los fondos React-EU de la Unión Europea, dentro de los Fondos 'Next Generation', destinándose 67,6 millones a equipamientos hospitalarios, incluyendo los futuros hospitales de Teruel y Alcañiz.

Además, el Gobierno de Aragón invertirá 304 millones en prevención y extinción de incendios; sector agroalimentario; modernización de regadíos; primas de seguros agrarios y medidas agroambientales, también a la mejora de la competitividad de pymes y autónomos, el Plan Miner y el turismo. El FITE contará con 60 millones -30 del Gobierno central-, las infraestructuras ferroviarias en Canfranc con 7,2 millones y el proyecto del complejo industrial cárnico de Épila con 11,1 millones.

Los ingresos no financieros suman 5.661 millones de euros, experimentando un incremento de 290 millones de euros, un 5,4 por ciento más que este año. Del total, 3.688 millones son de la financiación autonómica, según comunicó el Ministerio de Hacienda en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera; 1.649 millones de euros corresponden a impuestos directos e indirectos, otros 88 a tasas y otros precios públicos, 1.580 a transferencias corrientes.

En cuanto al Departamento de Hacienda, cuyas cifras también ha presentado su titular en la misma Comisión, el monto global asciende a 447 millones de euros, un 5,49 por ciento más que este año, que incluyen partidas de 6,9 millones para Patrimonio, 426.500 para la Intervención General y 430.000 euros para aplicaciones informáticas, entre otras partidas.

GRUPOS

En representación del PSOE, Óscar Galeano, ha rechazado el "plan antiguo y trasnochado" de la austeridad, añadiendo que "hay otra manera de enfrentarse a las crisis, cada vez más frecuentes y menos cíclicas, más profundas, impactantes y globales". Ha defendido "una Administración al servicio del ciudadano".

Desde el PP, Carmen Susín ha dicho que las previsiones de crecimiento de la economía soslayan el principio de "prudencia" y ha preguntado al consejero "cómo tienen presupuestado lo que va a venir sin saberlo". Ha avisado de que la deuda subirá a unos 10.000 millones de euros.

El diputado de Cs, José Luis Saz, ha defendido "el consenso" en esta "situación excepcional" desde "el liberalismo social". Hay una "posibilidad única" de ejecutar este Presupuesto "y satisfacer algún anhelo histórico y estratégico de la Comunidad.

La parlamentaria de Podemos, Marta Prades, ha resaltado que el proyecto de ley representa los acuerdos de gobernabilidad del cuatripartito y recoge las propuestas de la Estrategia de Recuperación, al tiempo que está "abierto a la participación" de todos los grupos.

Para la diputada de CHA, Carmen Martínez, estos Presupuestos son "excepcionales" y constituyen "un punto de inflexión por el cambio de paradigma que se ha dado". Se ha preguntado qué ocurriría ahora si no hubiera una sanidad pública y si no se hubiera destinado dinero público a los ERTE.

El diputado de Vox, David Arranz, ha preguntado qué cantidad de los ingresos se destinará a los gastos plurianuales de años anteriores y en qué se invertirán los 216 millones de los Fondos React-EU, mientras que el portavoz del PAR, Jesús Guerrero, ha pedido "altura de miras y unidad" para analizar este "Presupuesto sin precedentes", indicando que lo sanitario y lo social es "importante y vital", también la economía.

El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha alertado de que el cumplimiento de la Estrategia de Recuperación se puede destinar a la externalización de servicios para atender derechos fundamentales y ha expresado su preocupación por las partidas para derechos sociales, que aumentan en tres millones de euros.

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