El exconsejero madrileño de Justicia e Interior y vicepresidente segundo de la Comunidad de Madrid en la primera época de Esperanza Aguirre, Alfredo Prada, tejió y puso en marcha un "plan criminal" para "adjudicar irregularmente a su favor distintos contratos" de la Ciudad de la Justicia, construcción que encargó en 2007 la 'lideresa' para agrupar las 19 sedes judiciales y que ha estado sin uso hasta ahora, cuando la actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha levantado allí el hospital de pandemias, llamado Isabel Zendal.

Así lo argumenta el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que tras finalizar la instrucción del caso propone, en el auto de pase a procedimiento abreviado de 253 páginas, sentar en el banquillo a Prada, a quien considera que "tomaba las decisiones en última instancia", y a cuatro colaboradores: el policía Andrés Gómez Gordo, colaborador de María Dolores de Cospedal en su etapa en Castilla-La Mancha y director de Seguridad del Campus; Isabelino Baños, director general Técnico; Mariano José Sanz, subdirector general Técnico; y Alicio de las Heras director Financiero.

La Audiencia Nacional investiga el Campus de la Justicia de Madrid por posibles irregularidades en el proyecto

Señala el magistrado que no se trata de que los procesados hubieran robado dinero público para su lucro personal, sino que perpetraron una conducta que "afecta al sistema de funcionamiento de una entidad pública que ha sido deteriorada, dañada y menoscabada, hasta el punto de haber sufrido perjuicios en el erario público de cientos de millones de euros". Después de estudiar pormenorizadamente los contratos, De la Mata concluye que Prada, quien firmaba en la mayoría de los casos las adjudicaciones, adoptó "como una herramienta más" de su consejería los contratos que se supone que serían para publicidad y comunicación y que superaban los cinco millones de euros.

En este sentido, el escrito del juez señala como ejemplos del "plan criminal defraudatorio" la contratación de los consultores Buro Happold y Gleeds Iberica para la redacción del proyecto. Esto se habría facturado a través de la firma de arquitectura Foster and Parners para eludir el concurso público y disimular el pago.

Cabe recordar que De la Mata comenzó su investigación en 2018, tras una denuncia de la presidenta dimisionaria Cristina Cifuentes ante la Fiscalía. La llevó a cabo tras una denuncia de la Abogacía General encargado por la propia Comunidad sobre el proyecto diseñado por el Gobierno de Aguirre para concentrar en Valdebebas todos los organismos judiciales. La denuncia, además, llegó en mitad del escándalo del 'Caso Máster' que terminó con la carrera política de la expresidenta. "Tenemos tolerania cero con la corrupción, venga de donde venga", sentenció en Twitter aquel día Cifuentes.