Edificio Del Campus De La Justicia De Madrid.
Edificio del Campus de la Justicia de Madrid. Archivo

El Gobierno de Cristina Cifuentes  ha decidido trasladar a la Fiscalía General del Estado una denuncia con posibles "irregularidades" en la gestión del proyecto del Campus de la Justicia en época de Esperanza Aguirre como presidenta del Gobierno regional, han confirmado a Europa Press fuentes del Ejecutivo madrileño.

Como ha adelantado El Mundo, este paso responde a un dictamen de la Abogacía General encargado por la Comunidad de Madrid sobre el proyecto diseñado por el entonces Gobierno de Aguirre para concentrar en Valdebebas todos los organismos judiciales y donde se recoge que se han detectado incumplimientos de forma "sistemática" de las normas más esenciales de contratación pública y contabilidad.

Hace unas semanas, el consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, anunciaba que el Gobierno regional había elevado a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid el informe de la Cámara de Cuentas sobre el Campus de la Justicia para que valorara si es necesario tomar medidas. Entonces señaló que en el informe había "cifras y datos" que a todos generan "dudas en la forma de gestión".

Ante la duda de si Cifuentes ha actuado para desviar la atención sobre su máster, Garrido ha rechazado que la entrega de este informe se deba a eso, advirtiendo que el Gobierno actúa "cuando corresponde". "Podría haber sido ayer, hoy o dentro de cinco días", ha comentado.

Por ese motivo, no presentaron conjuntamente la denuncia junto a los grupos de la oposición porque, ha indicado el consejero, no se mueven "por intereses partidistas". Esto se debe a que la oposición ya llevó a la Fiscalía el pasado mes de marzo este caso, analizado en la comisión de estudio de la deuda de la Asamblea de Madrid, y advirtió de que el proyecto supuso un "quebranto patrimonial" para los madrileños de más de 130 millones de euros.

"Elevamos las cosas cuando tenemos informes de la Abogacía, que es a quien hacemos caso, porque determina cada uno de los planteamientos que tiene que ver con la legalidad", ha dicho Garrido, que ha insistido en que el Gobierno regional actúa "en base a los informes de la Abogacía de la Comunidad", no por presunciones o por intuiciones.

En cuanto al perjuicio económico, Garrido ha recalcado que están a la espera de si la Fiscalía decide que hay "indicios de criminalidad" para que la Comunidad se persone, en su caso, como acusación particular, como ya lo hizo en el caso Púnica o Gürtel.

Por su parte, la propia presidenta de la Comunidad ha confirmado la denuncia a través de su cuenta de Twitter, donde ha dejado además un mensaje en el que afirma que "tenemos tolerancia cero con la corrupción, venga de donde venga. Hoy, una prueba más".

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