El abogado que representa a los cuatro acusados miembros del grupo de WhatsApp de 'La Manada' que fueron juzgados en noviembre de 2019 y han sido condenados por el Juzgado de lo Penal número 1 de Córdoba por abusar sexualmente en mayo del año 2016 de una joven en la localidad de Pozoblanco y de grabar los hechos con un teléfono móvil propiedad de uno de ellos va a presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) contra la sentencia de la Audiencia Provincial que desestima su recurso.

En este sentido, fuentes de la defensa, que ejerce el letrado Agustín Martínez, han confirmado que en próximos días presentarán el recurso y entre sus fundamentos estará el hecho de que se haya admitido de nuevo como prueba en esta causa el vídeo que grabó uno de los procesados.

Al respecto, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha elevado de 13.150 a 25.000 euros la indemnización que deberán pagar los cuatro acusados, después de que los magistrados han desestimado los recursos de apelación interpuestos por el abogado defensor de los procesados y el de la acusación popular, que ejerce la Asociación Clara Campoamor, al tiempo que ha estimado en parte el recurso de la acusación particular de la víctima.

Así lo ha dado a conocer este miércoles en la lectura del fallo de la sentencia, facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el ponente del recurso, el juez José Carlos Romero Roa, en presencia de procuradores, al no asistir los letrados, ni tampoco los acusados, internos en prisión tras la violación de los Sanfermines de 2016. Mientras tanto, la Fiscalía se opuso a todos los recursos.

De este modo, la Audiencia ha revocado la sentencia en el sentido de fijar la indemnización por daño moral a la víctima en 25.000 euros, de los que responderán cada uno de los cuatro acusados en un 25% solidariamente hasta alcanzar los 20.000 euros, a la vez que el procesado J.A.P.M. deberá hacer frente a 5.000 euros, por difundir el vídeo.

Por otra parte, se confirma "en todos sus demás pronunciamientos" la sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 que condena a dos años y diez meses de cárcel a tres de los cuatro acusados y al cuarto le impone una pena de cuatro años y seis meses de prisión al considerar probado que fue quien difundió las imágenes grabadas a través de dos grupos de WhatsApp de los que formaban parte tanto los acusados, como terceras personas ajenas a los hechos enjuiciados.

Video obtenido de forma "ilícita"

En relación al recurso de la defensa, que pedía la absolución y subsidiariamente condenas por delitos leves de maltrato, contra la intimidad y la integridad moral, remarcando que la prueba del vídeo se ha obtenido de forma "ilícita", entre otros aspectos, los jueces destacan que los acusados prestaron "un consentimiento expreso y libre" para entregar sus móviles en la causa de Pamplona y "en el consentimiento no existió una limitación concreta o determinada para lo que sirviera a la aclaración de los hechos".

Al hilo, indican que "ante hechos de tan grave trascendencia --los de Pamplona--, se hace preciso bucear y contrastar, no ya respecto de la existencia de otros hechos similares pero distintos, sino en búsqueda de cualesquiera datos que sirvan de prueba de refuerzo o de indicio de los hechos investigados".

Además, aseveran que "en este caso no puede señalarse que nos encontremos ante una investigación meramente prospectiva, sino ante un hallazgo que se produce en el contexto de la investigación de la causa principal", y abundan en que "en ningún caso la investigación de los terminales para buscar datos o indicios que pudieran ser relevantes a la investigación puede considerarse prospectiva, sino que es el trabajo mismo de investigación de los agentes que tienen como labor el esclarecimiento de los hechos y, en este aspecto, claramente, venía avalada por la propia entrega de los terminales de forma voluntaria a los fines de la investigación".

Y agregan que "el Juzgado de Pamplona tampoco limita o acota de forma precisa la investigación a los agentes"; que "la propia naturaleza de la investigación y la gravedad de los hechos justifica la prospección de los terminales en busca de datos, no ya que avalen la culpabilidad, sino que puedan avalar la inocencia", y que "la falta de recuerdo de las imágenes de Pozoblanco, es decir, el descuido o negligencia de los autorizantes, no puede afectar al consentimiento previamente prestado". Así, apostillan que "no puede apreciarse vulneración de ningún derecho constitucional".

Igualmente, indican que "la actuación que se observa en el vídeo es conjunta" y "más allá de lo que previamente pudieran haber ideado los acusados, que en su arcano queda, lo que demuestran las imágenes es que, aprovechándose de la situación de la víctima, todos intervienen de alguna u otra forma", en "una acción conjunta que integra un delito de abuso sexual y no de maltrato", todo ello "en estado de sueño" de la joven que "le impedía prestar consentimiento", según exponen.