Las principales asociaciones judiciales no han salido "satisfechas" del encuentro que han mantenido este lunes con los representantes del Ministerio de Justicia, por lo que han anunciado que mantendrán el calendario de movilizaciones previsto. Es decir, paros simbólicos para el 18 de febrero y una posible huelga, que no tendría precedentes en España, el 26 de junio.

Las asociaciones de jueces fueron citadas por el Departamento que dirige Mariano Fernández Bermejo a una reunión urgente para analizar su postura de cara a la modernización de la Administración.

Aunque al término de la misma ambas partes han subrayado "el buen clima" que ha marcado el encuentro, las asociaciones judiciales han hablado de "panorama sombrío".

Bermejo, por su parte, ha puesto sobre la mesa 20 millones de euros, un 30% más de lo presupuestado, para modernizar la justicia. "El Gobierno ha decidido hacer un importantísimo esfuerzo económico añadido de 20 millones de euros", indicó el ministro, al tiempo que anunció una serie de medidas que entrarán en vigor, según dijo, en este 2009.

Se trata, entre otras cuestiones, del desarrollo durante de un sistema de comunicación telemática o la creación de un consorcio entre el Estado y las Comunidades Autónomas para el intercambio de información.

Medidas insuficientes

Sin embargo, estas medidas medidas parecen no ser suficiente para los jueces, que han decidido seguir adelante con las protestas.

La reunión tenía por objetivo estudiar el documento reivindicativo emitido por los jueces el pasado día 13, mediante el cual otorgaban al Ejecutivo un plazo de seis meses para evaluar su compromiso con la modernización de la Justicia antes de acudir a una huelga el 26 de junio. A la salida, las asociaciones de jueces han anunciado que mantienen dicho documento.

No obstante, tanto aquéllas como el Ministerio cuentan con la presión añadida del resultado de las juntas de jueces celebradas en toda España el pasado miércoles, en las que una veintena de partidos judiciales, entre ellos los juzgados unipersonales de Madrid y Barcelona, decidieron no secundar las propuestas de las asociaciones, escenificando así la fractura de la carrera.