Los jueces han elevado este viernes el tono de sus protestas contra el Gobierno en demanda de más medios personales y materiales para la Administración de Justicia y han comenzado a hablar abiertamente de la posibilidad de ir a la huelga, medida sin precedentes en este colectivo.

Muchas de las juntas de jueces que se han celebrado en toda España han acordado volver a reunirse el próximo 21 de enero para decidir si van a la huelga, mientras que en otras -como Murcia o Extremadura- se ha aprobado directamente la convocatoria de un paro laboral el 18 de febrero.

Así lo han informado varios de los participantes en estas reuniones, celebradas justo un mes después de las que, el pasado 21 de octubre, consiguieron paralizar durante varias horas la actividad judicial al coincidir con un paro convocado por los secretarios judiciales, a los que el Ministerio de Justicia ha prohibido reunirse en asamblea, tal y como tenían previsto.

En España nunca se ha producido una huelga de jueces y el problema es que no existe una regulación que admita que tienen derecho a ella, pero tampoco ninguna que lo prohíba, por lo que algunos magistrados piensan que pueden ejercer este derecho y otros que no por ser el tercer poder del Estado.

De hecho, la portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, ha afirmado que ni los jueces ni los fiscales tienen reconocido el derecho de huelga. "Yo entiendo que no tenemos ese derecho reconocido", ha añadido Bravo, tras clausurar en Valencia las V Jornadas de Justicia y Comunicación. El derecho de huelga "no está reconocido, ni prohibido. No está previsto", según Bravo.

Otras medidas

Otra de las medidas que se han debatido y aprobado en muchas juntas es la de que los jueces no admitirán más asuntos en su Juzgado que los que marcan los módulos fijados por el Consejo General del Poder Judicial. Esta medida de presión ha sido acordada, entre otros lugares, en Madrid, donde se llevaría a cabo a partir del 1 de enero de 2009.