La polémica orden ministerial que recoge el procedimiento de actuación contra la desinformación publicada el jueves en el BOE está destinada a las campañas de desinformación, fundamentalmente injerencias de poderes extranjeros, y no a analizar la veracidad de las noticias que se publican, según aseguran fuentes del Departamento de Seguridad Nacional.

Dichas fuentes insisten en que las llamadas 'fake news' solo se miran si aparecen dentro de una campaña de desinformación y que "en ningún caso va a ser la administración quien determine si una noticia es falsa o no". "No nos dedicamos a las fake news, en absoluto. Las miramos si entendemos que dentro de una campaña aparecen. Pero no es normal en una campaña bien montada", sostienen.

El Gobierno aprueba un plan contra las 'fake news': monitorizará la información y podrá pedir colaboración a los medios

A la hora de diferenciar entre noticias falsas y campañas, matizan que las campañas son "algo mucho más sofisticado", organizadas fundamentalmente por potencias extranjeras y destinadas a dañar los intereses nacionales o la soberanía en puntos tan delicados como los procesos electorales o, en el caso de la pandemia, campañas contra la salud pública como desinformar contra una futura vacuna del coronavirus.

"Nuestro trabajo fundamental han sido las campañas electorales, buscar si alguien ajeno a España estaba o tenía intereses en desacreditar", precisan, añadiendo que no se ha hallado injerencia extranjera en ninguno de los últimos procesos electorales, aunque advierten de "gravísimos ciberataques" a empresas y a la Administración.

Aseguran que la función de los medios de comunicación en este proceso se limita a "exponer el problema" y a su colaboración para comprobar noticias falsas y a la hora de formar parte de foros relacionados con la desinformación, un aspecto que no incluía el anterior protocolo. "Jamás hemos puesto el foco en temas de política partidista", afirman, "todo lo que se salga del Sistema de Seguridad Nacional no nos compete", aseguran.

Una orden muy ambigua

Duras críticas al plan del Gobierno para el control de la 'desinformación'

La orden ministerial define la desinformación siguiendo criterios de la Unión Europea, esto es, como aquella "información verificablemente falsa o engañosa que se crea, presenta y divulga con fines lucrativos o para engañar deliberadamente a la población, y que puede causar un perjuicio público". 

El documento publicado plantea que "la desinformación puede estar presente y afectar a cualquier campo" y valora que, "en los tiempos actuales, se ha observado de manera directa en la actual pandemia". 

Uno de los párrafos más ambiguos es el que afirma que las acciones del procedimiento apoyarán el fomento de la información veraz, completa y oportuna "que provenga de fuentes contrastadas de los medios de comunicación y las Administraciones en el marco de la comunicación pública".