El pleno del Tribunal Supremo se reunirá el lunes para resolver los recursos contra varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que rechazaron el derecho a objetar a la asignatura de Educación para la Ciudadanía.

Ayer un grupo de padres presentó 50 nuevas objeciones a la asignatura de Educación para la Ciudadanía. En Asturias ya son unos 600 los alumnos que han objetado, según César García, abogado y portavoz de los padres. En toda España, unos 50.000.

Algunos cursan actualmente la asignatura y a otros les tocará en próximos cursos, pero los progenitores se adelantan porque no quieren que "sus hijos escuchen cosas contrarias en clase y en casa". «Se obvia la existencia de Dios y se impone una visión laicista de la sociedad», explica. Aceptarían una asignatura con contenidos "sobre derechos y deberes de la Constitución y lo relativo a la organización del Estado".

Y mientras no salgan las sentencias, los alumnos no van a clase y obtienen como calificación un 1. Es decir, un suspenso.

Además, según la coordinadora de la campaña de objeción a Educación para la Ciudadanía de Profesionales por la Ética, Leonor Tamayo, en el Principado, una veintena de alumnos de centros concertados han sido expedientados por la dirección, que los acusa de absentismo.

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