Según ha informado la entidad vasca, el acuerdo pretende "cumplir un objetivo social de creación y consolidación del empleo en un escenario económico muy afectado negativamente por los efectos de la covid-19".

Los destinatarios serán preferentemente microempresas, negocios en fase de lanzamiento, o personas físicas que inician su actividad profesional, que son los "colectivos con mayores dificultades para acceder al crédito tradicional".

De este modo, la línea de financiación está orientada, según ha destacado Laboral Kutxa, al segmento "más vulnerable y con mayores dificultades para abrirse camino: personas que necesitan apoyo para desarrollar su proyecto de emprendizaje, quienes se encuentran sin empleo o en riesgo de perderlo, mujeres emprendedoras, personas con discapacidad, migrantes y jóvenes".

Para estos préstamos, se ha fijado un importe máximo de 50.000 euros por beneficiario y un plazo de devolución de hasta 5 años con posibilidad de carencia. Las condiciones de tipo de interés serán "especialmente ventajosas" y no será necesario presentar garantías hipotecarias.

Podrán beneficiarse de esta iniciativa personas emprendedoras, profesionales autónomos y pequeñas empresas de hasta 10 personas empleadas y cuya facturación anual se sitúe por debajo de los 2.000.000 euros.

Ambas entidades han asumido criterios de inversión responsable respecto a los negocios que se financian al amparo del convenio. De este modo, se han establecido "líneas rojas de exclusión" para actividades relacionadas con el armamento, la clonación humana, el tabaco y los juegos de azar.

144 MILLONES

La colaboración de Laboral Kutxa con el Fondo Europeo de Inversiones se remonta a 2014, cuando se alcanzó un primer acuerdo en el marco del Programa Europeo de Microfinanciación 'Progress"', para promover una línea de 24 millones destinados al emprendimiento.

Antes del actual acuerdo, se habían destinado ya 144 millones de euros a diferentes programas desarrollados por ambas entidades, lo que se ha traducido en 10.751 puestos de trabajo, según los datos aportados por sus responsables, que han destacado "la alta proporción de colectivos con mayores dificultades de empleabilidad". En concreto, un 37% de las personas beneficiarias han sido mujeres, un 39% jóvenes y un 7% migrantes.