Condenan a Julián Muñoz a pagar 277.000 euros por irregularidades contables

  • Como pagos injustificados a ex concejales del GIL desde Eventos 2000.
  • Junto al ex concejal Esteban Guzmán y al abogado Modesto Perodia.
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Julián Muñoz, en una foto de archivo (KORPA).
Julián Muñoz, en una foto de archivo (KORPA).
KORPA
Julián Muñoz, en una foto de archivo (KORPA).

El Tribunal de Cuentas ha condenado al ex alcalde de Marbella Julián Muñoz, al ex concejal Esteban Guzmán y al abogado Modesto Perodia al pago de más de 277.000 euros al considerarles responsables de perjuicios económicos al Ayuntamiento por irregularidades contables.

En la sentencia se declara a los condenados responsables contables directos de los perjuicios por más de 209.000 euros ocasionados a los caudales públicos de la sociedad municipal Eventos 2000, de la que los tres eran miembros del consejo de administración.

El Tribunal de Cuentas condena a Muñoz, Guzmán y Perodia al pago de esta cantidad, así como de los intereses de la misma "desde el día en que se produjeron los daños", que ascienden a más de 68.000 euros.

Entre 2000 y 2001

La sentencia, contra la que cabe recurso de apelación, establece como hechos probados que en la gestión financiera de Eventos 2000 se observan diversas irregularidades recogidas en el Informe de Fiscalización del Ayuntamiento de Marbella de los ejercicios 2000 y 2001, que cuantificaba el alcance de las mismas en casi 805.000 euros.

La sentencia considera probadas tres de las cinco irregularidades denunciadas por el Ayuntamiento, entre las que se encuentran pagos injustificados a ex concejales del GIL como Rafael Calleja o Carlos Marín, así como a otras personas.

En este sentido, destaca un alcance de los fondos de Eventos 2000 cifrado en casi 110.000 euros por los salarios abonados a Antonio Calleja "al no haberse justificado su vinculación con dicha sociedad".

El Tribunal de Cuentas no comparte que los cargos en Eventos 2000 de Julián Muñoz, como presidente, y Esteban Guzmán y Modesto Perodia, como vocales, fueran meramente formales como alegaron los condenados, que defendieron que ocupaban dichos puestos sólo por razones institucionales y no participan en la gestión de la empresa.

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