"La okupación ilegal es un problema que no beneficia a nadie", ha asegurado González en el municipio malagueño de Cártama, donde ha estado acompañado por la presidenta local del PP, Leonor García-Agua, y el portavoz 'popular' en el Ayuntamiento, Pedro Pardo.
Así, ha explicado que el Plan Antiokupación que propone el Partido Popular "recoge medidas como el aumento de penas de prisión de uno a tres años, no permitir el empadronamiento de okupas, permitir que las comunidades puedan adoptar medidas legales y dejar que las personas jurídicas también puedan iniciar procesos de desalojo", ha explicado.
En este sentido, ha emplazado al Gobierno a que "aplique estas medidas para poner fin a esta tremenda injusticia", advirtiendo de que "el Gobierno de Pedro Sánchez e Iglesias prefiere justificar y permanecer en la desidia, en lugar de defender a los vecinos frente a la violación de la propiedad privada".
"Justificar el acceso ilegal a la vivienda no es la solución al problema", ha declarado el diputado 'popular', que ha subrayado que "esta situación se resuelve llevando a cabo una política social de vivienda que atienda las necesidades de aquellas personas que de verdad lo necesitan".
Por último, González ha resaltado entonces que la permisividad del Ejecutivo central respecto a la okupación genera inseguridad jurídica y afecta a la reputación de la Costa del Sol, puntualizando que "ni posibles inversores ni turistas pueden confiar en un destino turístico en el que se tolera la criminalidad", ha concluido.
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