Según una nota de prensa de la formación naranja, el Gobierno local les comunicó en la Comisión celebrada este viernes que, ante la falta de respuesta del Ministerio al último requerimiento efectuado el pasado 31 de marzo, se le iba a enviar la próxima semana un nuevo requerimiento.
En él se advertirá al Ministerio de que en caso de no obtener respuesta se le impondrá una multa coercitiva de 1.500 euros al mes, que se reiterarán durante el plazo máximo que permite la Ley para así conseguir que cumpla sus obligaciones como propietario del inmueble.
A juicio de Pérez Carcedo, si cualquier edificio debe cumplir con la normativa urbanística más lo debería hacer un edificio de titularidad y uso público.
Ha recordado, en este sentido, que este edificio es usado por varios sindicatos que ofrecen servicios a la ciudadanía, "por lo que no se puede seguir mirando a otro lado cuando el mismo no tiene medios adecuados de evacuación y protección contra incendios, y sus infraestructuras están completamente obsoletas, con el peligro que esto puede suponer", ha alertado.
"Dudamos mucho que las multas coercitivas funcionen, pero no cabe duda que es un paso", ha indicado el edil, quien ha apostado por actuar con mayor contundencia si no hay respuesta del Ministerio.
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