La iniciativa fue defendida por el diputado y secretario general de Podemos Asturies, Daniel Ripa, que argumentó la necesidad de proteger la vivienda como un derecho ciudadano recogido por la Constitución. "El problema de acceso a la vivienda no es nuevo pero cada vez es más acuciante ponerle solución", ha afirmado, reclamando políticas públicas para garantizar el derecho de los asturianos a tener un hogar.

En una votación por puntos, decayeron las tres primeras propuestas y las dos últimas. Sí prosperaron los puntos 4, 5 y 6 de la PNL, todos ellos con 42 votos a favor y 2 en contra.

De este modo, se propone elaborar un censo completo de viviendas vacantes propiedad del Principado de Asturias y de sus empresas públicas, accesible a la ciudadanía -descartando así la última parte del texto inicial del punto cuarto que incluía "realizar un informe sobre viviendas vacías propiedad de entidades bancarias, la Sareb y los fondos de inversión en Asturias"-.

El punto quinto enmendado insta al Principado a poner en marcha mecanismos eficaces "y legales" para la detección precoz y la prevención de cualquier clase de desahucios de familias ensituación de riesgo de exclusión, para que no haya ningún desahucio sin alternativa habitacional digna y adecuada.

El sexto punto, que se aprobó con su versión inicial, insta al Gobierno asturiano a desarrollar un programa piloto de acceso a la vivienda en el medio rural para familias en riesgo de exclusión residencial, activando para ello las viviendas públicas vacías en concejos por falta de demanda, así como edificios públicos municipales. Se realizará en colaboración con los ayuntamientos, e incluirá medidas de acogida, acompañamiento y formación de estas familias para favorecer la adaptación y el inicio de un nuevo proyecto de vida.

DECAE UNA MOCIÓN DE CIUDADANOS SOBRE CENTROS RESIDENCIALES

Por otra parte, la Cámara ha rechazado -con los votos en contra del PSOE y las abstenciones de Podemos e IU frente a los votos a favor de PP, Cs, Foro y Vox-, una moción de Ciudadanos para instar al Gobierno de Asturias a establecer un equilibrio entre las medidas frente al COVID-19 y la protección de los derechos fundamentales de los usuarios de las residencias de mayores.

La iniciativa, que fue defendida por el diputado Luis Armando Fernández Bartolomé (Cs), instaba al Ejecutivo autonómico a establecer los máximos niveles de equilibrio, en el contexto de los 'Procedimientos de actuación frente al COVID-19 en residencias y centros sociosanitarios', entre aislamiento y convivencia, entre seguridad y ejercicio de derechos fundamentales; con mención singular a la relación de los residentes con sus familias y, especialmente, a los "protocolos de despedida" que garanticen que las personas mayores puedan afrontar el final de su vida de la forma más digna y acompañada posible.

También proponía, entre otras medidas, implantar un modelo de valoración geriátrica integral que permita realizar un plan de atención individualizado a cada residente; y constituir equipos multidisciplinares, vinculados a Atención Primaria, para cubrir las especiales necesidades que presentan estas personas y asegurar que los usuarios de las residencias tengan acceso claro y pautado a los servicios públicos sociosanitarios.