Gracias a los alquileres, por ejemplo, de los estudiantes universitarios, cada año entra en la provincia una importante cantidad de dinero. Sin embargo no todos están declarados, es decir, no poseen un contrato que regule el acuerdo al que llegan arrendador y arrendado. Amén de que es un dinero que no se declara, lo que supone una fraude para el fisco y una inseguridad para la persona que alquila la vivienda.

Según informe del sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), en la provincia de Cuenca hay un total de 4.828 alquileres, de los cuales el 42,6 por ciento son sumergidos, es decir, 2.056. Todos estos números implican que las rentas sumergidas anuales ascienden a unos tres millones de euros.

Reducido por encima de la media

Si se tienen en cuenta los datos generales, en la región más de 15.800 alquileres son arrendamientos sumergidos que escapan anualmente del control del Fisco, lo que supone que cuatro de cada diez localizados actualmente en Castilla-La Mancha presentan irregularidades.

De todas maneras cabe destacar que la cifra de viviendas no declaradas se ha reducido muy por encima de la media, disminuyendo en diecisiete puntos porcentuales en los últimos tres años, al pasar de representar el 59,7 por ciento del parque total de inmuebles en alquiler en 2004 a un 42,6 por ciento en 2006, según el estudio sobre la evolución sobre los alquileres sumergidos en España realizado por el colectivo de técnicos.

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