A través de una nota, el colectivo señala que desde el curso 2017/18 y finalizando el pasado curso 2019/20, a través del proyecto ESEC2, fruto del convenio entre el Colegio Profesional de Educadores y Educadoras de Canarias (CEESCAN) y la Consejería de Educación y Universidades, se ha incorporado a los centros educativos públicos de Canarias la figura de los profesionales de la Educación Social; incorporación caracterizada por la gran acogida, tanto por parte de los propios centros educativos, como de las familias y alumnado.

En este curso 2020/21, añaden, se ha puesto en marcha por parte de la Consejería el Programa de Cooperación Territorial para la Orientación, el Avance y el Enriquecimiento Educativo (#PROA+ 20-21), que incluye, en su línea IV, la incorporación en los centros que así lo solicitan de la figura de los profesionales de la Educación Social, teniendo también una buena acogida en la comunidad educativa gracias a su conocimiento de esta figura profesional a raíz de la experiencia del Proyecto ESEC2.

Sin embargo, lamentan que "después de este importante esfuerzo, tal vez por la sensación de la necesidad de premura en la incorporación de estos profesionales a los centros que los han solicitado, la Consejería ha llevado a cabo un proceso de selección totalmente cerrado, pues no existe la posibilidad de inscribirse en dicha oferta, llamando a profesionales de forma aleatoria sin ningún criterio claro más allá del mero azar".

El colectivo de educadores sociales de Canarias entiende que éste es "un proceso que no respeta la igualdad de oportunidades ni la equidad, ya que ni se valora la experiencia cosechada en estos tres últimos cursos, ni el acceso libre a cualquier profesional que lo desee, desvirtuando de manera importante el proceso selectivo, al mismo tiempo que se pone en peligro el éxito de este programa".

Los educadores agradecen el compromiso y el esfuerzo de la Consjería por apostar por esta figura profesional, pero consideran que beneficia desfavorablemente a esta figura, así como al éxito de este programa, si no se desarrolla a través de un proceso selectivo abierto, basado en la baremación objetiva de la formación -así como formación específica-, y experiencia profesional de todo profesional de la Educación Social que desee formar parte de este programa.

Por eso, instan a la Consejería a realizar una rectificación en el proceso de selección, puesto que éste "no puede ser aleatorio y dependiente del azar, sino de un proceso serio y objetivo que dé valor no solo a esta figura profesional -la cual ha demostrado ser de gran valor y utilidad en estos tres últimos cursos-, sino al propio Programa PROA+ 20-21".

Así mismo, piden una nueva RPT dentro de la Consejería para la creación de una bolsa de empleo para sustitución o interinidad, al igual que se hace con otros perfiles profesionales que existen dentro del sistema educativo, teniendo acceso a la misma cualquier profesional que cuente con la diplomatura o grado en Educación Social, o estar habilitado para realizar dichas funciones.