El plazo para presentar las ayudas es de un mes desde el día siguiente a la publicación, por lo que empezará este miércoles, 2 de septiembre a las 00.00 horas y terminará el día 1 de octubre a las 24.00 horas.

El objeto de las ayudas es dar un impulso a la Ley de Accesibilidad de 1997, cuyos objetivos se han visto ampliados con la Estrategia vasca de Accesibilidad Universal, aprobada por el Consejo de Gobierno el pasado 4 de febrero.

Las subvenciones se destinan a promover la elaboración y actualización de planes de accesibilidad que tengan por objeto la adaptación progresiva de los entornos urbanos, espacios públicos, edificios, transportes y sistemas de información ya existentes.

También se dotará la ejecución de obras de mejora para garantizar la accesibilidad en el entorno urbano y las edificaciones previstas en los planes de accesibilidad de los ayuntamientos y entidades locales menores, y, en el caso de entidades privadas con fines sociales de utilidad pública, la ejecución de obras de mejora.

EQUIPAMIENTO DE ADAPTACIÓN

Por último, se fomentará la adquisición e instalación de equipamiento de adaptación para garantizar la accesibilidad en el entorno urbano y las edificaciones contenidas en los planes de los ayuntamientos y entidades locales menores.

A estas actuaciones se destinarán un total de 6,3 millones de euros. De esa cantidad, 300.000 euros corresponden a este ejercicio de 2020, 3 millones de euros a 2021 y los otros 3 millones restantes al año 2022.

Las actuaciones objeto de subvención deberán estar iniciadas en el transcurso del año 2020 y concluidas antes del 15 de noviembre de 2021, en el caso de los planes, y el 31 de octubre de 2022, en el supuesto de las obras de mejora.

En la convocatoria de este año la subvención supondrá como máximo el 50% del presupuesto solicitado, excepto para los planes de accesibilidad y sus actualizaciones, que será del 75%.

Dentro de las obras, tendrá prioridad la instalación de ascensores y plataformas elevadoras de carácter urbano (máximo subvencionable del 75% del presupuesto solicitado), así como las intervenciones que se realicen dentro de áreas urbanas declaradas como degradadas o de rehabilitación integrada (60%). En cualquier caso, el tope máximo que puede recibir cada municipio o entidad es de 300.000 euros.