El Concello de Vigo anunció ayer que emitirá deuda municipal por la cantidad máxima que le permita el Gobierno para acometer obra pública. Según sus estimaciones, la cifra podría oscilar entre los 12 millones de euros (si se adjudica en función del presupuesto) y los 18 millones (si se hace por población). Este dinero se invertirá en la realización de humanizaciones que permitan «hacer ciudad y generar empleo», según Abel Caballero.

A este dinero se unirán los 52,2 millones que el Plan de Reactivación de Empleo estatal ha concedido al Concello de Vigo. Se prevé que con este dinero puedan volver a encontrar un puesto de trabajo en la construcción «dos millares de trabajadores», según estimaciones de los sindicatos.

La adjudicación de la obras que se hagan con este dinero se concederá a empresas de Vigo. Además, las empresas adjudicatarias deberán contratar a trabajadores de la construcción que estén en las listas del paro de Vigo y, si con ellos no se completa, del entorno de la ciudad. La inversión servirá para remodelar calles, parques y áreas del Casco Vello.

Reactivará el sector, que emplea a unas 3.000 personas.  Tras una reunión mantenida ayer con los sindicatos, el Concello de Vigo tiene claro que en todas las obras de humanización que se realicen en la ciudad se emplearán materiales que procedan de la industria viguesa.

Así, el alcalde aseguró que el granito, «el material más noble para estas obras», será adquirido en las empresas de la comarca, que tienen unos 3.000 puestos de trabajo directos. Así tambien se conseguirá que se mantengan los puestos de trabajo en las empresas auxiliares del sector, muy castigadas por la crisis.

Los sindicatos también piden al Concello que en la contratación de obra pública se cumpla el convenio colectivo del sector y que se respeten las jornadas de ocho horas diarias «y que no se hagan las 12 o 14 horas al día», como sucede en muchas de estas empresas. Además, solicitan que se cumplan todas las normas de salud laboral, de prevención de riesgos y de contratación.

El Concello, por su parte, no descarta ceder las riendas de la gestión de la prevención de riesgos a los sindicatos «porque así se conseguirá una mayor garantía de seguridad», dice.

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