En un auto, que llega después de que la Generalitat haya autorizado que los bares y restaurantes puedan abrir en el interior al 50% del aforo, ha afirmado que la resolución administrativa de la Generalitat tenía un fundamento en el "agravamiento" de la situación epidemiológica en la comarca del Segrià.

Los hosteleros de Lleida pedían en un recurso la suspensión cautelar de la resolución por el "efecto perjudicial" que les suponía el impedimento de desarrollar actividad en el interior de los locales, y también se les había denegado anteriormente la petición de medidas cautelarísimas a principios de agosto.

En el escrito de oposición a la petición de la suspensión cautelar, la Generalitat ha subrayado la "pérdida sobrevenida" del objeto de la medida, al haber sido sustituida por otra resolución -dejando sin efecto la impugnada- que permite el uso y consumo del interior de los locales al 50%.

El TSJC ha asegurado que no se expresa en qué medida la resolución de la Generalitat afecta a los derechos fundamentales de los recurrentes cuando lo que se busca con ella es "la prevención y seguridad de la salud pública de las personas".

Ha subrayado que es procedente la desestimación de la petición de suspensión cautelar de la resolución de la Generalitat "al no acreditarse que el interés particular del recurrente deba prevalecer sobre el interés general".