Dicha partida permitirá potenciar los servicios de proximidad como la teleasistencia y la ayuda a domicilio, financiar los gastos generados con motivo de la crisis sanitaria entre ellos los que se han registrado en los centros residenciales de la Comunidad, las ayudas destinadas a las familias, a los menores, a las víctimas de violencia de género y los gastos originados para garantizar la alimentación infantil y que las personas sin hogar puedan cubrir sus necesidades más básicas.

El pasado 9 de abril de 2020, la Junta de Castilla y León concedió a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de la Comunidad y a las diputaciones provinciales una ayuda de 10.768.250 euros para que pudieran hacer frente a los gastos derivados del derecho básico de alimentación de niños en situación de vulnerabilidad (1.768.250 euros) y los originados de forma exclusiva a las consecuencias sociales del COVID-19 (9.000.000 euros).

Con el objetivo de seguir atendiendo adecuadamente las demandas sociales derivadas de la pandemia, la Junta de Castilla y León ha aprobado un segundo fondo extraordinario por un valor de 20 millones de euros.

El destino de estos fondos será, por un lado, el personal de equipos de Acción Social Básica -tres millones de euros permitirán reforzar las plantillas con lo que se agilizarán los expedientes de atención a dependencia y otras necesidades básicas (15 por ciento del total del fondo)- y el refuerzo de los servicios de proximidad -como la teleasistencia, la ayuda a domicilio, Crecemos y Conciliamos, a los que se destina 3 millones de euros (15 por ciento del total del fondo)-.

También se incrementarán las ayudas a la exclusión social y emergencia destinadas a las familias, a los menores, alimentación infantil, víctimas de violencia de género y a las personas sin hogar para cubrir sus necesidades básicas por importe de siete millones de euros (35 por ciento de la cantidad total del fondo).

Por lo que se refeire a los gastos de centros residenciales de personas mayores y de personas con discapacidad, servirán para reforzar las plantillas de personal a través de nuevas contrataciones o sustituciones; adquirir Equipos de Protección Individual (EPIs) y test diagnósticos para empleados y usuarios; financiar medidas de desinfección de las instalaciones y la mejora de la seguridad mediante la distribución de espacios e itinerarios para evitar contagios, y realizar pequeñas obras y adquisición de equipamientos para la sectorización o aplicación de los planes de contingencias contra la COVID-19. A este fin se destinan siete millones de euros (el 35 por ciento de la cantidad total del fondo extraordinario)