El pasado 8 de mayo, el Ministerio de Sanidad, comandado por Salvador Illa, rechazó que la Comunidad de Madrid pasase a la fase 1 de la desescalada, petición que costó la dimisión de la entonces directora general de Salud Pública, Yolanda Fuentes. El motivo fue que, pese a que la capacidad asistencial de la autonomía ya era alto, todavía no estaba "afianzado" el sistema de detección de Atención Primaria.

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Por ello, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aseguró que lo intentaría a la semana siguiente y que, para lograr dar el salto (en la fase 1 podían abrir cierto tipo de negocios), contrataría a 400 rastreadores, profesionales clave ya que se dedican a identificar a las personas con las que ha estado en contacto alguien que da positivo por coronavirus, lo que permite aislarlas y atajar el contagio.

En una entrevista concedida aquellos días, el vicepresidente Ignacio Aguado repitió la promesa y explicó que su misión sería "hacer un rastreo y seguimiento" de los casos diagnosticados. No obstante, esos profesionales no han llegado. No, al menos, en los términos anunciados. Según ha reconocido este miércoles el propio Aguado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la actualidad hay 182 personas dedicadas a realizar ese trabajo, menos de la mitad que la cifra prometida. Así, 142 son técnicos de Salud Pública y los otros 40, empleados pertenecientes a la Atención Primaria.

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Esto, sin embargo, no es un problema, según el vicepresidente, ya que Madrid tiene controlados los brotes que han surgido (a la hora de la rueda de prensa eran cinco, aunque horas más tarde se han notificado tres más). En este sentido, ha defendido que "no es que no haya rastreadores, sino que están distribuidos" y ha abierto la puerta a llegar a la cifra prometida si la epidemia "se descontrola". Con todo, sanitarios y sindicatos llevan días alertando del peligro de que no se haga un seguimiento correcto de los casos diagnosticados porque en cualquier momento la transmisión puede volver a ser comunitaria.

En una rueda de prensa dada hace dos semanas, el Observatorio Madrileño de Salud, formado por CCOO y UGT y diversos ayuntamientos y entes sociales, ya alertó de que la autonomía no estaba preparada para un rebrote. Eso sí, ellos rebajaban todavía más la cifra de rastreadores activos: 16. "¿Cómo vamos a controlar así los rebrotes?", preguntó uno de los sindicalistas.