El bloqueo persiste y aunque hay urgencia pocos brazos se dan a torcer. El Consejo Europeo sigue en marcha en un fin de semana clave para la UE. Se dan dos posiciones muy diferenciadas entre norte y sur, con Países Bajos como paradigma de la condicionalidad y el control a las ayudas. Por ello, Antonio Conte, Pedro Sánchez, Emmanuel Macron, Angela Merkel y el propio presidente del Consejo, Charles Michel, han tratado de convencer a Mark Rutte de que relaje sus pretensiones. De momento, no lo hace.

En el encuentro entre bambalinas también ha estado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, una de las voces que más insiste en la necesidad de "tomar ya una decisión y llegar a un acuerdo". En torno a la mesa, la tensión sigue presente. Los líderes de las cuatro grandes economías de la UE han departido con el holandés, que representa la posición más dura en las negociaciones al exigir que las ayudas europeas del plan de recuperación tengan que ser aprobadas por unanimidad, lo que daría a su Gobierno el poder de exigir reformas laborales o de pensiones antes de dar luz verde a los desembolsos.

Precisamente la condicionalidad del fondo fue el gran tema de debate durante la jornada de este viernes, que terminó siendo "avinagrada" a última hora de la noche, según la descripción que hizo el propio Rutte en declaraciones a la prensa.

Países Bajos ha abanderado esta exigencia en la que se encuentra aislado, puesto que sus socios más habituales (Dinamarca, Suecia y Austria) consideran que sería suficiente un control de los planes que requiera el visto bueno una mayoría cualificada de los Estados miembros para salir adelante.

España quiere un sistema "más ágil" a la hora de repartir las ayudas

España considera que la posición de Países Bajos es "inaceptable" y defiende un sistema más "agil" y eficiente y que derive estas decisiones a órganos menos politizados. Prefiere también el liderazgo de la Comisión Europea en este mecanismo de control de los planes.

Sin embargo, los países del norte sí que comparten la opinión de que el fondo de 750.000 millones es demasiado grande, por lo que reclaman recortar algunas de sus partidas. Algo a lo que se oponen también España e Italia, que consideran que la cifra que hay sobre la mesa es el mínimo aceptable.