Así, las diputadas provinciales Teresa Sánchez y Maribel González han criticado que se les trate de forma "discriminatoria por una legislación que los penaliza". "Muchos de los que se ven castigadas por esta normativa son malagueños y malagueñas", han sostenido.

"La aplicación de estos coeficientes está suponiendo una discriminación muy injusta y un perjuicio de por vida a los jubilados y jubiladas anticipados, desde hace muchos años", han recalcado en un comunicado.

La portavoz de la coalición de Izquierda Unida y Podemos, Teresa Sánchez, ha apuntado que "las reformas laborales y los posteriores recortes han perjudicado gravemente a los trabajadores de mediana edad o a las puertas de la jubilación, que han sido despedidos, sufrido ERE".

"Los vacíos de cotización en los años previos a la jubilación han derivado en recortes de hasta el 40 por ciento en la cuantía de la pensión, aun habiendo cotizado más de 40 años. La desregulación de los ERE que se llevó a cabo durante la crisis en España permitió que se despidiera a casi cinco millones de trabajadores, de los que una buena parte eran mayores de 55 años", ha expuesto.

Sánchez ha añadido que todo ello deriva "en una situación de desigualdad que provoca una injusticia en relación con otros colectivos cotizantes, desempleados y desempleadas que bastantes de ellos, comenzaron a trabajar con 14 años y que al alcanzar los 55 completan más de 40 años cotizados".

González ha añadido que la ley "obligaba a estos desempleados a jubilarse anticipadamente, a quienes percibían el subsidio por desempleo, a los 61 años, con el recorte forzoso que supone este anticipo en la edad de jubilación y con el recorte añadido por los vacíos de cotización por la situación de desempleo. Situación que demanda compensar a quienes se han visto perjudicados por leyes injustas".

La coalición insiste en que "las reformas laborales han incidido notablemente en la implantación de la práctica empresarial que recibe el nombre de "viejismo, que ha sido incluso incentivada en determinados casos con dinero público".

Según Adelante Málaga, "suele llevarse a cabo, sobre todo, en entornos laborales en los que se considera que la edad idónea para trabajar es de los 25 a los 45 años. Las personas con mayor edad pueden quedar así fuera del mercado laboral, y no interesar en determinadas ofertas de trabajo".

Hace unos meses, en febrero del presente año, han recordado que la asociación Jubilación Anticipada Sin Penalizar (ASJUBI40) registró en el Congreso una petición para comparecer en la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso y para mantener una reunión con la presidencia de este órgano, con el objetivo de que se incluyese en sus recomendaciones la necesidad de eliminar los coeficientes reductores que se aplican a las jubilaciones anticipadas, en los casos en que concurren cotizaciones de 40 años o más.

"La sostenibilidad futura de cualquier sistema de pensiones financiado por reparto no pasa por aplicar unos coeficientes reductores a la pensión a los trabajadores que más han contribuido a su sostenimiento, pasa entre otros, por no permitir a las empresas mandar al paro y a la jubilación anticipada a los trabajadores y pasa por derogar las leyes laborales que lo permiten", ha recalcado González.

Además de pedir el apoyo de la Diputación, otro de los acuerdos será que la institución inste al Gobierno central a suprimir las normativas, reglamentos, disposiciones y cualquier tipo de regulación que desarrolle, implemente y/o garantice el mantenimiento de los coeficientes reductores de pensión para quienes hayan contribuido con 40 o más años de cotizaciones, o quienes a la hora de solicitar la pensión de jubilación anticipada justifiquen 40 o más años de cotizaciones. Así como que se de traslado del acuerdo a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), corporaciones locales y grupos del Congreso de los Diputados y el Senado.