El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha afirmado este lunes después de que una juez haya rechazado ratificar el endurecimiento del confinamiento por el Covid-19 en la comarca leridana del Segrià: "No aceptamos la resolución judicial. Asumo las consecuencias pero no puedo poner en peligro la salud de las personas". En este sentido, ha anunciado que el Govern convocará un consejo ejecutivo extraordinario esta tarde que aprobará un decreto ley para "establecer un plan de rebrotes y poder actuar con toda la contundencia que haga falta en todos los rincones del país, en función de la evolución epidemiológica".

Después de una reunión que han mantenido Torra: el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès; la consellera de la Presidencia, Meritxell Budó; el conseller de Interior, Miquel Buch; y la consellera de Salud, Alba Vergés, para analizar la situación generada por la decisión judicial, el presidente del Govern ha afirmado que "las decisiones" del ejecutivo catalán "responden a la evolución de los brotes". "No se toman a la ligera, sino con el apoyo de expertos", ha apuntado.

Además, no ha descartado recurrir el auto judicial. "Los servicios jurídicos están estudiando todas las opciones", ha destacado.

"Estas decisiones las tomamos en favor de los ciudadanos", ha continuado, y ha llamado a los habitantes de la comarca del Segrià a seguir las indicaciones de la Generalitat y a "que se protejan" frente al coronavirus.

Además, Torra se ha quejado de que "en otros lugares del Estado se han tomado medidas más restrictivas, como impedir el derecho a voto en Euskadi y Galicia" y no ha habido ningún problema.

Por otro lado, ha afirmado que "los Mossos cumplirán las resoluciones judiciales" mientras no se apruebe el decreto.

Por su parte, Aragonès ha asegurado: "No habrá ninguna presión que nos pare a la hora de tomar las medidas que consideramos más oportunas". Además, ha señalado que la "potestad" de decidir sobre el confinamiento de Lleida es "de la Generalitat".

"Que nadie juegue a hacer política ni un debate competencial con la salud", ha advertido el vicepresidente del Govern, que ha informado de que destinarán cuatro millones de euros del plan de contingencia a ayudas para los establecimientos comerciales del Segrià afectados por el confinamiento.

También ha explicado que se ha constituido un "Procicat territorial en Lleida" para que "el territorio participe en la toma de decisiones".

La juez del Juzgado de Instrucción 1 de Lleida no ha ratificado el endurecimiento del confinamiento en la comarca leridana del Segrià al concluir que la Generalitat pretende "eludir" de forma ilimitada en el tiempo la aplicación parcial del estado de alarma, que es una competencia estatal para la que debería pedir permiso al Gobierno.  

Tanto Torra como Aaragonès han rechazado que sea necesario decretar un nuevo estado de alarma desde el Gobierno. "Se aplicó el estado de alarma donde se ha limitado el sufragio y el derecho a voto? No. Otra manera de gestionar la pandemia es posible. Y se nos ha dicho que tenemos las competencias para gestionarla y por tanto, así lo haremos", ha dicho Torra. 

Aragonés, por su parte, se ha expresado en el mismo sentido y ha recordado que "con el actual marco normativo hay todas las herramientas para evitar un nuevo estado de alarma". "Tenemos todas las herramientas para poderlo hacer. Nos mantenemos en estos instrumentos y no hay ninguna razón que nos haga pensar que hay que avanzar en este sentido", ha añadido el vicepresidente.

La Fiscalía avisa de que "no cabe decreto ley"

La Fiscalía de Lleida ha considerado que el decreto ley anunciado por el presidente de la Generalitat para reforzar y ampliar las medidas de confinamiento en Lleida "sería de nuevo ilegal y recurrible al (Tribunal) Constitucional" si aborda derechos fundamentales.

"No cabe decreto ley si toca derechos fundamentales", ha valorado el fiscal jefe de Lleida, Juan Boné.

La resolución del Govern ordenaba confinar en sus casas a los habitantes de Lleida ciudad, Alcarràs, Aitona, La Granja d'Escarp, Massalcoreig, Seròs, Soses y Torres de Segre, y en las entidades municipales descentralizadas de Sucs y Raimat.

Boné señala que el artículo 86 Constitución dice que "en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decretos ley".

Sin embargo, "no podrán afectar" al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general.

Añade que no pueden ser objeto de decreto ley la reforma del Estatuto, las materias objeto de leyes de desarrollo básico, la regulación esencial y el desarrollo directo de los derechos reconocidos por el Estatuto y por la Carta de los derechos y deberes de los ciudadanos de Catalunya y el Presupuesto de la Generalitat.

El fiscal jefe de Lleida apunta también que el artículo 64 de Estatut de Catalunya dice lo mismo sobre los decretos ley.