Según ha recordado a este respecto, el IMV se configura como una "prestación suelo" compatible con las prestaciones que conceden las comunidades autónomas en concepto de rentas mínimas tanto en términos de cobertura como de generosidad lo que permite a las comunidades autónomas "modular su acción protectora" para adecuarla a las peculiaridades de su territorio.

En este sentido y respecto a la sugerencia del portavoz del PP en esta Comisión, Salvador Cruz, de implementar en un futuro medidas para favorecer las solicitudes en el mundo rural como "alternativa interesante" también para luchar contra la despoblación, ha respondido que sí puede complementar si bien ha recordado que la decisión "corresponderá a quien corresponda".

"Llama poderosamente la atención la mayoría de perceptores vinculados al mundo urbano", ha advertido en concreto Salvador Cruz en esa reflexión para estudiar la implementación de medidas en el medio rural.

"Hay una gran experiencia que no puede ser desperdiciada", ha continuado Amilivia que ha recordado que el punto 50 del 'Pacto para la recuperación económica, el empleo y la cohesión social en Castilla y León' plantea solicitar al Gobierno de la nación la gestión del IMV por parte de la Junta de Castilla y León en los mismos términos y condiciones que el País Vasco y Navarra, garantizando así la igualdad entre las personas, sea cual sea su territorio de procedencia.

También ha citado el artículo 49 de este Pacto que plantea en relación a la Renta Garantizada de Ciudadanía que la disminución de gasto que se pueda producir con la implantación del Ingreso Mínimo Vital se destine a incrementar las prestaciones sociales, teniendo en cuenta nuevas situaciones de pobreza a causa de la pandemia.

Amilivia ha realizado estas reflexiones con motivo de la presentación este jueves en la Comisión de Economía de informe de fiscalización de la Renta Garantizada de Ciudadanía correspondiente al año 2015 que, según ha asegurado, recobra actualidad tras la aprobación del IMV.

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