La fiscal pide 8 años y medio de cárcel a 13 estudiantes acusados de desórdenes públicos y daños por quemar supuestamente un contenedor que cruzaron en la calle y causar destrozos en bancos durante una manifestación de estudiantes en 2017 en Barcelona contra la subida de tasas universitarias.

En su escrito, la Fiscalía acusa a los trece jóvenes, que fueron detenidos por los Mossos d'Esquadra, por "alterar de forma grave la paz y tranquilidad ciudadana" y solicita también una multa de 5.400 euros para cada uno de ellos.

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Por su parte, el colectivo Alerta Solidaria, que defiende a los acusados, y el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), que convocó la manifestación, piden su absolución, consideran "totalmente desproporcionada" la petición de penas por parte del Ministerio Público y denuncian que su detención buscó "desmovilizar" a los estudiantes antes de una huelga.

El 2 de marzo de 2017 el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) convocó a través de las redes sociales, sin comunicarlo a las autoridades, una manifestación en la plaza de Universidad de Barcelona en contra de la subida de las tasas universitarias y reclamar una rebaja del 30 %.

Según la Fiscalía, a la manifestación acudieron unos 1.500 estudiantes, la mayoría en actitud pacífica, si bien un grupo de unas 125 personas protagonizó varios actos para "alterar de forma grave la paz y tranquilidad ciudadana".

Habrían provocado desperfectos en entidades financieras y comerciales

La Fiscalía sostiene que los alborotadores, que iban encapuchados, provocaron desperfectos en entidades financieras y comerciales, así como en el mobiliario urbano y pusieron "en grave peligro el desarrollo cotidiano de la vida ciudadana" al cruzar y encender un contenedor en la calle.

Según el Ministerio Público, también lanzaron botes de pintura contra sedes de empresas y contra los Mossos d'Esquadra y golpearon con martillos y otros objetos contundentes los cristales de una entidad financiera de Via Laietana y un cajero automático.

En un comunicado, el SEPC y Alerta Solidaria han denunciado que este caso se incluye en "un contexto de persecución política e ideológica", ya que tanto el informe policial de los Mossos d'Esquadra como la instrucción de este caso "evidencian la existencia de seguimientos previos" con la "clara voluntad de rastrear la actividad militante" de los acusados, todos ellos integrantes del sindicato estudiantil.

Según estos colectivos, en este caso lo que se pretendió fue justificar las detenciones de los acusados tres días antes de lo que tenía que ser la última huelga estudiantil de ese curso.

"Se clarifica la estrategia, por parte de los Mossos, de desmovilización en un curso de lucha constante, en que varias huelgas estudiantiles fueron convocadas, exigiendo la rebaja del 30 % de las tasas universitarias y la equiparación de precios de máster y de grado", aseguran.

Xavier Monge, abogado de algunos de los acusados y de Alerta Solidaria, ha denunciado que toda la investigación de los Mossos se dirigió contra miembros del SEPC, por lo que considera que se trata de una causa "totalmente prospectiva" y con un "carácter marcadamente político" dirigida contra este sindicado estudiantil.

Según el abogado, las identificaciones de los acusados por parte de los Mossos fueron "precarias, por no decir absolutamente imposibles", ya que en los atestados se identifica, por ejemplo, a una persona totalmente irreconocible por ir completamente tapada porque aparece en una imagen y en otra ya no.

Monge ha denunciado además que la Fiscalía ha sido "incapaz" de individualizar los hechos en su escrito de acusación, ya que se limita a concluir que todos son autores o cooperadores necesarios de todos los hechos sin detallar qué hizo cada uno de ellos.