En dicha memoria, que recoge Europa Press, el departamento que dirige Pilar Callado asegura que su tramitación, y de acuerdo con lo previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas de 2015, podrá abrirse, con carácter previo a la elaboración del proyecto, un período de consulta pública en el que se recabe la opinión de las personas y de las organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la norma.

Asimismo, según el artículo 36.3 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, y a fin de tener en cuenta las opiniones de las personas afectadas, se podrá abrir un trámite de información pública.

Además, debe darse cumplimiento a las previsiones en materia de transparencia establecidas en el artículo 7 de la Ley 19/2013, de 5 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y en el artículo 39 de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de transparencia y buen gobierno de Castilla-La Mancha.

PROTEGER A LAS PERSONAS

Respecto a la oportunidad de la propuesta, "la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha sostiene firmemente su compromiso con la consecución de una sociedad donde se favorezca la igualdad social y el fomento de políticas públicas contra la discriminación por orientación e identidad sexual o expresión de género, dando así respuesta a la demanda existente y garantizando plenamente sus derechos y libertades fundamentales", reza la memoria.

"Es necesario proteger a las personas frente a todo tipo de discriminación, reconociendo sus derechos y garantizando una actuación integral desde todos los ámbitos, en el marco de las competencias autonómicas", prosigue el texto firmado por Callado el pasado 26 de junio.

Considera el Gobierno regional que este reconocimiento social debe plasmarse de forma interseccional debido a la heterogeneidad y diversidad de la población de Castilla-La Mancha, tanto en entornos urbanos como rurales, que suman muchas identidades e intereses al mismo tiempo: sexo, raza, edad, religión, capacidades, posición social y económica, entre otros.

Luego de defender que el enfoque interseccional en las políticas LGTBI es imprescindible, ya que su población sufre multiplicidad de desigualdades que, a su vez, generan nuevos tipos de discriminación, el Ejecutivo regional recuerda que la Constitución Española propugna en su artículo 1.1 la igualdad como valor superior del ordenamiento jurídico y en su artículo 14 considera que no debe existir discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

En su justificación alude también al artículo 4.2 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, que determina que corresponde a los poderes públicos regionales promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas y remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud.

Así mismo, la Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha, tiene entre sus objetivos el establecimiento de medidas dirigidas a prevenir y combatir la discriminación por razón de sexo, promoviendo la igualdad de género en las entidades públicas y privadas, e intensificando las medidas dirigidas a lograr la igualdad para aquellos colectivos en los que confluyan otras discriminaciones, además de por razón de sexo.

VISIBILIZAR LA DIVERSIDAD

Dicho esto, la directora del Instituto de la Mujer ha recordado que en Castilla-La Mancha, desde la pasada legislatura, se han promovido y puesto en marcha medidas de actuación que han supuesto un gran avance en el ámbito sanitario, educativo, social, jurídico y cultural como la garantía y acceso gratuito a técnicas de reproducción asistida dentro del sistema sanitario público a todas las mujeres, independientemente de su orientación sexual, su estado clínico o de su situación afectiva, en 2017; y un protocolo de actuación con menores por identidad y/o expresión de género y sus familias en el ámbito educativo, sanitario y social, entre otras medidas.

"Desde el inicio de esta legislatura, se ha marcado como objetivo ineludible la recuperación de las políticas de igualdad en la región y se ha fijado como premisa indiscutible, entre otras muchas, la lucha por visibilizar la diversidad en todos los aspectos mediante una norma que dote de derechos inalienables al colectivo LGTBI y a toda la sociedad en su conjunto", ha añadido.

Con esta nueva ley, ha proseguido Callado, se pretende garantizar plenamente la igualdad real y efectiva y los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales, previniendo y eliminando cualquier discriminación derivada de la orientación e identidad sexual o expresión de género.

"La finalidad de la futura norma es establecer las condiciones por las que los derechos de personas LGTBI y de los grupos en los que se integran sean reales y efectivos; facilitarles la participación y la representación en todos los ámbitos de la vida social e institucional de nuestra región; contribuir a la superación de los estereotipos que afectan negativamente a la percepción social e institucional de estas personas y establecer medidas concretas para conseguir una sociedad más justa, libre, inclusiva y democrática, basada en la igualdad de trato y de oportunidades de las personas LGTBI y en la aceptación de la diversidad como un valor añadido".

LEGISLACIÓN NOVEDOSA

Tras defender que una ley que blinde, a nivel jurídico, los derechos de las personas LGTBI "es de obligado cumplimiento como principio de igualdad de trato y no discriminación", la directora del Instituto de la Mujer ha precisado que al tratarse de una legislación totalmente novedosa, no existen otras alternativas no regulatorias de actuación, procede la aprobación de una ley que garantice sus derechos en Castilla-La Mancha.

"En consecuencia, en virtud de cuanto ha quedado expuesto, se solicita la autorización de la iniciativa para la elaboración del Anteproyecto de Ley que garantice los derechos para personas LGTBI en Castilla-La Mancha", concluye el texto de la memoria.